//Por : Alba Valdez//

Este 14 de mayo se cumplió un año sin que el Instituto Veracruzano de las Mujeres cuente con una directora. 

Fuera de la Ley del propio Instituto se ha nombrado a una encargada de despacho, por lo mismo carece de certeza jurídica para ejercer las facultades, afectando el funcionamiento y transgrediendo el derecho de las veracruzanas a beneficiarse de sus programas y acciones.

Ante esto, integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM) envió una carta al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, y al secretario de gobierno, Erick Patrocinio Cisneros, para que se lleve a cabo el proceso de selección y con esto ya no haya violencia institucional e incumplimiento del deber legal por parte de la o las personas que resulten responsables de obstruir su publicación.

Lorena Redondo, Katya Gabriela Esteva, Myriam Lagunes Mari y Alma Delia Hernández, integrantes del sistema, señalaron en la carta dirigida al gobernador que tienen conocimiento de  que la convocatoria para la elección de la Titular del IVM fue elaborada y entregada a la Secretaría del Gobierno del Estado de Veracruz, desde el 31 de julio del 2019, situación que preocupa ya que significaría un claro desinterés y una táctica dilatoria.

Explicaron que uno de los trabajos principales de la directora del Instituto es elaborar el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Veracruz, en el que se articulan las políticas, programas y proyectos interinstitucionales que tienen como finalidad acabar con la violencia de género; este documento es fundamental para implementar y evaluar las acciones que las diversas Dependencias del Estado tendrían que estar llevando a cabo.

Ante esto denunciaron que hasta el momento no se sabe en qué fecha lo darán a conocer, y tampoco se sabe si hay una estrategia o línea de trabajo a seguir para hacer frente a las crecientes cifras de agresiones contra mujeres y niñas, encrudecidas aún más durante la pandemia del Coronavirus.

Ya que a pesar de que han insistido en la importancia de cumplir con las reuniones agendadas con los y las demás integrantes del sistema, estas siguen siendo canceladas o pospuestas, lo que es incumplimiento de un deber legal.