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IMSS, el sueño negado de las trabajadoras del hogar

//Por: Alba Valdez//

Cuando Gabriela vio en las noticias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la seguridad social de las trabajadoras domésticas, no dudó en comentarle a su empleadora, con quién lleva más de 10 años limpiando su casa. La respuesta fue un “si te doy el seguro, te pago menos”.

Gabriela tiene 43 años y desde que el papá de sus 2 hijos la abandonó  en 2005, ella trabaja limpiando una casa o cuidando niños con una familia en una de las zonas más exclusivas de Boca del Río, donde semanalmente le pagan 1400 pesos.

“Yo llegué por una recomendación de una conocida, desde hace casi 13 años y desde entonces me hago cargo del aseo de la casa y cuando vienen los nietos de la señora también los cuido, o cuando no viene la muchacha que hace la comida, pues también lo hago“, narra.

Todos los días se levanta a las 6 de la mañana para dejar el desayuno listo a sus hijos de 17 y 19 años, en la mesa también les deja entre 60 y 70 pesos para que paguen sus camiones hacia la escuela y se compren un volován o una torta.

Su horario de entrada es a las 8 de la mañana, pero no tiene una hora fijada para salir; cuando tiene suerte sale a las 3 de la tarde otras veces ha tenido que quedarse hasta después de la cena. Su trabajo consiste en barrer la casa, lavar ropa, lavar trastes y en ocasiones hacer la comida.

“Cuando le comenté a mi patrona me dijo que no puede, más bien me dijo: si te doy el seguro, te pago menos “

Gabriela, trabajadora doméstica

“Ya llevo mucho tiempo aquí y cuando ví eso en la tele, que teníamos derecho de pedir nuestro seguro social, la verdad me emocionó mucho porque padezco de la presión y todas mis medicinas las tengo que comprar, entonces eso sería para mí de mucha ayuda verdad, pero cuando le comenté a mi patrona me dijo que no puede, más bien me dijo: si te doy el seguro, te pago menos “, cuenta Gabriela.

En diciembre del 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que es discriminatorio que las trabajadoras domésticas no cuenten con seguridad social. Esto luego de que María Rosario Garduño Gómez, una mujer de 80 años que fue empleada doméstica por 50 años, solicitó su inclusión al IMSS, indemnización y pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, entre otras prestaciones y derechos laborales a los que sus empleadores se negaron.

Ante el fallo a favor de María Rosario por parte del SCJN, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)deberá implementar un plan piloto durante el primer semestre de 2019 y solicitar para ello las partidas presupuestales. 

El régimen especial de seguridad social para trabajadoras del hogar debe contar con condiciones igual de favorables que los demás trabajadores.

También deben proporcionarse los seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades, maternidad, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 

De acuerdo con el proyecto de sentencia que el ministro, Alberto Pérez Dayán, presentó y fue avalado por unanimidad después de echarse andar el plan piloto, que no debe exceder los 18 meses, el IMSS tiene que proponer al Congreso de la Unión, las adecuaciones legales necesarias  para la seguridad social para las trabajadoras del hogar, y que en un plazo no mayor a tres años la obtengan todas las empleadas domésticas en el país.

“El régimen especial debe resultar de fácil implementación para los patrones (que en su mayoría son amas de casa o padres de familia) y no puede ser de carácter voluntario, sino obligatorio. Asimismo, se deberá explorar la posibilidad de facilitar la incorporación al nuevo régimen especial, excusando a los patrones de encontrarse inscritos ante el SAT”, menciona el proyecto avalado.

Guillermina es otra trabajadora doméstica, quien desconoce a qué tiene derecho, pues a más de un mes del fallo a favor de la SCJN no ha leído y mucho menos sus patrones le han comentado de esta noticia.

Guille trabaja con dos familias, con la primera va a cumplir 3 años y con la segunda ya lleva 8. Empezó a trabajar desde que tenía 16 años, luego de que su mamá, quién también se dedicó toda su vida a limpiar casas, muriera.

“La verdad casi no veo las noticias, entro en un trabajo a las 8 y salgo a las 2 de la tarde, de ahí corro hasta la otra casa donde entro 2:30 y salgo hasta casi las 7 de la noche, entonces llego cansadísima y ya no veo nada, pero que bueno que ya tenemos ese derecho”, comenta.

Sin embargo, dice que no sabe cómo decirle a sus patrones de este derecho laboral que tiene y teme a que la despidan al solicitarlo.

“Ahorita que lo dices me pongo a pensar y me pregunto cómo reaccionarán, qué tal y me dicen que por exigirles eso ya no quieren de mis servicios, porque pues no tengo contrato, ni nada de eso, entonces sería muy difícil comprobar que trabajo con ellos”, dijo.

“Me pregunto cómo reaccionarán, qué tal y me dicen que por exigirles eso ya no quieren de mis servicios, porque pues no tengo contrato”

Guillermina, trabajadora del hogar

Gabriela y Guillermina distan de sus lugares de trabajo, de los sueldos y de la comunicación con sus empleadores, pero coinciden en la ignorancia de sus derechos laborales, por lo que a ambas les gustaría que alguien les explicara cómo podrían hacerlos valer.

“Estaría bien que el gobierno nos explicara cómo podemos hacer para conseguir eso, cómo se puede obligar a que nos den el seguro, yo apenas terminé la secundaria y no entiendo mucho de letras, pero si es un derecho de nosotras, están obligados, yo creo”, agrega Guillermina.

*Se omitió el nombre completo de las trabajadoras del hogar, para evitar posibles conflictos con las familias que las emplean. 

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Prospera, ayuda que obliga

//Por: Alba Valdez/ Ana Alicia Osorio//

Alma Ortiz Mapil tiene siete meses de embarazo y camina 15 minutos por una vereda para tomar una camioneta colectiva que la lleva a la cabecera de su municipio para acudir a su consulta mensual. 

A pesar de que preferiría atender su embarazo con una partera de su comunidad, no puede hacerlo. Si así lo decidiera tanto ella como su hijo de 8 años perderían el programa social Prospera, que la obliga a atender su embarazo en el Centro de Salud u hospital dentro del Seguro Popular.

Alma, al igual que sus nueve hermanos y su primer hijo nacieron con parteras como parte de una tradicional familiar, tradición que con el parto de su segundo hijo no podrá seguir. 

Ella teme que al no acudir a sus consultas mensuales le quiten el apoyo económico que tiene por parte del programa social, pues es lo que le han dicho las encargadas del programa en su comunidad que sucederá en caso de que atienda su embarazo en otro lugar que no sea el Seguro Popular.

“Nos dicen que si no vamos a las consultas al centro de salud, el dinero que nos dan nos lo van a retirar”

“Aquí la encargada de Oportunidades (nombre anterior a Prospera y con el que aún lo conoce) nos dicen que si no vamos a las consultas al centro de salud, el dinero que nos dan nos lo van a retirar, que porque van a pensar que ya no lo necesitamos”, cuenta.

El programa de apoyo limita la decisión de Alma sobre la forma en que atiende su salud pero además, según la organización Kalli Luz Marina, genera otros problemas para las mujeres como por ejemplo les impide encontrar un empleo remunerado. 

Apoyo que se vuelve obligación 

“En el caso de mujeres embarazadas, el Programa asegura que cuenten con atención médica durante el embarazo y el parto, así como con información que les permita monitorear de manera efectiva el desarrollo de sus hijas e hijos durante sus primeros años de vida”, indica el Resumen de Políticas, Prospera, Programa de Inclusión Social: Combate a la pobreza con perspectiva de género, elaborado por el Gobierno Federal en la pasada administración. 

Sin embargo, lo que es ofertado como una prestación y un apoyo como parte del programa social para Alma se ha convertido en una obligación que le impide tomar la decisión sobre la forma en que prefiere llevar su embarazo. 

Prospera es un programa social que fue creado en el año 1997, según el documento ya citado, y que ha cambiado de nombres hasta consolidarse como se encuentra actualmente. 

A través del mismo les otorgan dinero a las familias de escasos recursos en un programa de corresponsabilidad a través de las cuales se les obliga a acudir a consultas, talleres, trabajos comunitarios, entre otros. Además, brinda algunas capacitaciones para el empleo y becas a las y los menores de las familias para que estudien. 

De acuerdo con el padrón único de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (actualizado a octubre del 2018) en Veracruz había 2 millones 443 mil 150 personas que recibían el programa social Prospera. 

El mismo, continuará en la siguiente administración pues le destinarán 54 mil 121 millones 500 mil pesos, según el Presupuesto de Egresos aprobado en lo general por la Cámara de Diputados, entre el dinero que se encuentra en la Secretaría de Educación, Salud y Bienestar.

Si lo recibes, no trabajas 

Según los documentos de Prospera buscan convertir a las mujeres en “tomadoras de decisiones” por lo que son las principales beneficiarias. 

Sin embargo, según María López de la Rica, coordinadora de la asociación civil Kalli Luz Marina, el programa muchas veces se ha convertido en un obstáculo para que las mujeres encuentren empleo, por lo que en muchas ocasiones deben decidir entre continuar en éste o trabajar fuera de su vivienda. 

Detalló que en la zona centro del estado muchas mujeres se dedican al trabajo doméstico, el cual les es negado cuando admiten que cuentan con Prospera.

Dijo que eso se debe a que las encargadas les citan frecuentemente para cumplir con las juntas, limpiezas, talleres y otras reuniones que necesitan tener como parte del programa social. Por ello no pueden acudir a laborar o faltan con frecuencia. 

“Para recibir las transferencias monetarias, las madres de familia de los hogares beneficiarios, quienes son, en su mayoría, las titulares del Programa, asumen una serie de responsabilidades entre las que destacan su asistencia periódica a consultas médicas y a talleres educativos sobre alimentación, prevención de la salud y salud reproductiva”, indica el Resumen de Políticas ya citado. 

Esas son algunas de las obligaciones a las que se refiere López de la Rica y que impiden a las beneficiarias obtener el recurso como un ingreso adicional, convirtiéndose en ocasiones en el único que pueden obtener. 

Nos percatamos de que mujeres vecinas de nuestros lugares de origen y que reciben el apoyo del programa social Prospera expresan sentirse violentadas por las políticas de condicionamiento y control e incluso algunas de ellas expresan que sienten que el programa controla la forma de gastar el dinero”, indica la Agenda Regional de Mujeres Indígenas elaborada en abril del 2018 por el Kalli Luz Marina

Pero ellas no son las únicas que han detectado problemas con este programa, pues una evaluación del propio programa realizada en el año 2017 indica que en muchas ocasiones la entrega del dinero a las mujeres han generado conflictos con sus parejas, o bien tienen problemas para llegar a los centros de salud donde les es obligatorio acudir debido a los altos costos. 

El documento no detalla más al respecto, pero Nora Haenn de la North Carolina State Universit, señaló en un artículo publicado en AP que formó parte de una investigación en el estado de Campeche, donde descubrieron que los esposos (en los casos que tienen) de las beneficiarias de Prospera, ven en el programa social una oportunidad de disminuir los ingresos que brindan a sus parejas.

López de la Rica señaló que esperan que con el cambio de administración se modifique también la forma en que se entrega el programa social y permita a las mujeres tomar sus propias decisiones.

Comentó que la promesa de que otros programas sociales se depositarán directamente en las tarjetas bancarias y que no se condicionará la asistencia continua, esperan que se extienda a Prospera y con ello mejore la situación de las miles de mujeres que lo reciben. 

Mientras tanto Alma, sigue caminando 15 minutos por una vereda para toma una camioneta colectiva que la lleva a la cabecera de su municipio y acudir a su consulta mensual, pues Prospera le impide atenderse con una partera como ella quisiera

El doble trabajo sin paga de las buscadoras

//Por: Alba Valdez//

Cuando a los hijos de Yelitza de 9 y 11 años les preguntan en la escuela a qué se dedica su mamá, ellos responden “Es ama de casa y buscadora”

Yelitza Cruz Gómez de 28 años, es integrante del Colectivo El Solecito de Veracruz, un grupo de mujeres que con sus propios medios buscan sus familiares en fosas clandestinas, pero como la mayoría de las que integran el colectivo, tiene una doble jornada no remunerada: buscadora y ama de casa. 

Todos los días se levanta a las 5 de la mañana para acudir al lugar de las búsquedas, antes de tomar el transporte público deja listo los uniformes, el desayuno y los trastes limpios; para después tomar una varilla y una pala que serán sus herramientas de trabajo durante las siguientes 7 horas bajo los 33 grados de calor en el Puerto de Veracruz. 

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La herencia de Yunes a Cuitláhuac

//Por: Ana Alicia Osorio//

Un estado donde ocho mujeres son asesinadas al mes por el solo hecho de serlo y donde ese delito va a la alza. Eso deja el ahora exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, a su sucesor y ahora gobernador, Cuitláhuac García Jiménez. 

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública este año (hasta octubre) 167 mujeres han sido asesinadas, de los cuales 82 se consideran feminicidio. Lo que ubica a la entidad a la cabeza con mayor número de casos. 

Allí, donde dos Alertas de Violencia de Género han sido decretadas, una por feminicidios, y los avances que han tenido se han puesto en duda por parte de la sociedad civil, puesto que los asesinatos de mujeres continúan. 

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Migrar, la última oportunidad

//Por: Ana Alicia Osorio//

Vivió 12 años de violaciones. 12 años donde los pandilleros tocaban a su puerta a cualquier hora, cualquier día, para despertarla, para violarla una y otra vez. 

12 años de terror que terminaron el día en que se levantó a las 3 de la mañana, dejó a sus hijas e hijo y partió rumbo a México para nunca regresar

Ella no puede dar su nombre, el sólo hacerlo siente que la pone en riesgo. Ella, a sus 36 años, está en un albergue en un punto de la ruta migratoria, esperando algún documento que la deje volver a empezar en México. 

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El estigma de coger

//Por: Alba Valdez//

Cuando la familia de Brenda se enteró que había tenido su primera relación sexual la obligaron a casarse con su novio, aunque apenas tenía 17 años y no estaba de acuerdo, pues según su mamá sus hijas solo podían ejercer su sexualidad cuando estuvieran casadas y con un solo hombre.

A los 18 años Brenda se casó y para de esa manera “honrar” a su familia, pues el tener sexo antes del matrimonio era un acto de deshonra ante la sociedad, por eso solo con la bendición de la iglesia católica y un acta de matrimonio era aparentemente libre de decidir sobre su cuerpo.

La virginidad, es una palabra religiosa que se asocia con la pureza y la castidad del cuerpo femenino como una ofrenda al hombre de manera romantizada, en la que el cuerpo de la mujer es sinónimo de objeto, señala Alicia Medea Herrerías, feminista e integrante del Colectivo Akelarre.

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Gobierno de Yunes paga menos a mujeres que a hombres

//Por: Arlet Montejo (QEPD), Ana Alicia Osorio/

Elida Ahuet y Ángel Toledo son dos personas que trabajan en la Secretaría de Desarrollo Social. Ambos tienen cargos de directores generales. Pero la diferencia entre sus salarios es de 11 mil pesos. 

Su caso solamente refleja la disparidad en los salarios que existe en las secretarías de Gobierno del Estado de Veracruz, donde las mujeres que trabajan en las secretarías que lo integran ganan en promedio 17.43 por ciento menos que los hombres

Según los portales de transparencia de las secretarias estatales (exceptuando Salud y Educación que muestran nóminas incompletas y Finanzas y Planeación que no la tiene disponible), no solamente existe una cantidad menor de mujeres que de hombres ejerciendo cargos de burócratas, sino que su salario es en promedio más bajo.

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