Amarantha Chávez

Imagina estar pasando por una situación de violencia familiar, decidirte a denunciar y que después de todo el esfuerzo y valor para tomar esa decisión, tu abogado intente llevarte a un motel con la excusa de atender un trámite en su despacho.  

El temor a que un proceso legal -siendo una víctima de violencia de género- no termine a favor de la víctima porque que el abogado o abogada tenga otro tipo de intereses, minimicen el caso por desconocimiento o incluso acose, desmotiva y orilla a que las víctimas no presenten denuncias al momento hasta el punto de nunca poder enfrentarse a sus agresores. Lamentablemente este miedo no es infundado. 

Dentro de la asociación Abogadas con Perspectiva de la que forma parte Esmeralda Lecxiur, han tenido a su cargo casos de acoso de abogados hacia sus clientas, los cuales generalmente no se denuncian por miedo o por la misma falta de protocolos para su atención y cese del agresor.

“En lugar de decirle al taxi que se dirigiera hacia su despacho, este abogado le dio otro domicilio. Cuando llegaron resulta que era la entrada de un motel”, recordó la abogada.

El defensor se transformó en agresor, pues a pesar de que la víctima le estaba pagando conforme a lo acordado, él decidió privarla de la libertad mientras viajaban al supuesto despacho.

En este caso -que se dio en el puerto de Veracruz-, afortunadamente la víctima contó con el apoyo del taxista, quien escuchó que no le estaba dando autorización de llevarla a ese sitio.

No obstante, reconoció que el seguimiento al caso se dio bajo un clima de no reconocimiento, es decir, la víctima sólo reconocía que “le habían tomado el pelo”, cuando en realidad se le había ejercido un tipo de violencia.

«Hay casos de acoso hacia mujeres que se encuentran en una situación vulnerable.»

Ademary Rosas Montesinos, abogada

En otro caso, una mujer que no contaba con los recursos suficientes para costear la atención jurídica fue víctima de su abogado, quien se quiso aprovechar de la situación y así le insinuó otra manera para solventar el servicio.

“Definitivamente, hay casos de acoso hacia mujeres que se encuentran en una situación vulnerable. Dependiendo la situación de vulnerabilidad en la que se encuentren, estos abogados comienzan a cortejarlas, llevándolas a mantener un contacto sexual. Lo tenemos comprobado”, indicó Ademary Rosas Montesinos, abogada especialista en derecho familiar.

Ademary preside una asociación civil llamada “Círculo Rosas Azules”, la cual fue creada para trabajar en la erradicación de la violencia de género en Córdoba, Veracruz, donde ella radica.

Aunque no es oficial, existe registro y testimonios de abogados de la ciudad que se rigen bajo este modelo de “atracción”, que pretende ser consensuado pero terminan siendo invariablemente casos de acoso.  

Esta asociación, que atiende principalmente temas jurídicos con perspectiva de género,  tiene identificados a reconocidos abogados que amenazan a quienes se atreven a hablar del abuso que ellos ejercen.

Esta situación, de acuerdo con la especialista en políticas públicas y género, es grave. Pero esto no es un comportamiento exclusivo de abogados hombres, pues existen abogadas que reproducen estos mismos patrones a través de sus comentarios o con la falta de seriedad e interés por el caso.

“Si somos personas machistas y misóginas, obviamente lo vamos a reflejar también en nuestro campo laboral o en el tema profesional”, aseveró Ademary respecto al mal manejo de la profesión en atención con perspectiva de género.

De acuerdo con la abogada, cuestionar la exigencia de pensiones alimenticias para sus hijos y mencionar que podrían atreverse a ser “mamás luchonas”, son situaciones que se dan y de alguna manera las obliga a no esperar algo de sus deudores alimentarios (una falta que constituye a la violencia económica). 

Otra forma en la que se ejerce violencia es la falta de tacto que algunos defensores tienen  con casos de este tipo. En ocasiones, el hastío o la falta de vocación para tratarlos de manera sensible terminan en una mala atención que afecta directamente la parte procesal y las mismas sentencias:

“Empieza un ‘viacrucis’, no sólo por lo que está pasando de manera personal, si no por el trato que recibe por parte de las autoridades: se aprovechan de la falta de cultura de la legalidad y las sentencias son limitadas ”, indicó Ademary.

En la cuestión de abuso por parte de abogados, México no tiene registro alguno sobre casos de acoso o mal ejercicio de la profesión por parte de asesores y defensores jurídicos que buscan aprovecharse de la víctima debido a una posición de poder.

Además, no existe un tratamiento o protocolo especial para atender a las víctimas de ahora dos delitos, ni siquiera teniendo evidencias de la falta de profesionalismo por parte de abogados y también abogadas.

 “Esto no es algo nuevo, se trata de prácticas ‘ancestrales’ entre abogados que, si bien pueden parecer un consentimiento (por parte de la víctima), no dejan de ser violencia”, denunció Lecxiur.

Planes de estudios sin enfoques ni perspectiva de género

Algunas actitudes y nulas acciones en el sistema jurídico y penal hacen que la conversación sobre la violencia jurídica en razón de género sea más cerrada, y parte de ello también se gesta desde las aulas.

A pesar de los avances en materia de perspectiva de género, existe una ausencia de materias enfocadas al ejercicio de la profesión con perspectiva de género en los planes de estudios de las carreras de Derecho, uno de ellos es el de la licenciatura en Derecho de la Universidad Veracruzana, cuya última actualización se dio en 2017.

Cecilia es recién egresada de esta facultad de la UV. Ella describe su experiencia durante sus cuatro años de carrera bastante tranquila, pues considera que nunca le tocó que algún profesor o profesora hiciera distinciones entre hombres y mujeres.

Sin embargo, a través de otras voces es que tiene conocimiento de casos en los que algunos profesores han intentado propasarse con sus alumnas, llegando a ser expuestos a través de los tendederos auspiciados por el movimiento #MeToo, el cual detonó precisamente en octubre de 2017.

La falta de estas materias en los planes de estudio es generalizada, pues tanto en la UV como en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se especifican líneas como la siguiente:

“Nuestro ‘Nuevo Plan de Estudios’ será el primero en promover un sistema de enseñanza aprendizaje que incorpore -de manera transversal, en todas las asignaturas- la perspectiva de Género, el enfoque de Derechos Humanos y el estudio del Convencionalismo”.

Existe una ausencia de perspectiva de género en los planes de estudios de las carreras de Derecho.

Por su parte, Derecho UV menciona en casi todas las descripciones de sus materias que la aplicación de normas y principios se dará “atendiendo el principio de equidad de género”.

No obstante, en los mapas curriculares de ambas carreras no existen materias optativas especializadas en género, equidad ni violencia contra las mujeres, mucho menos una sugerencia para organizarlas en las cargas académicas de cada uno de los ocho o 10 semestres de duración de ambas licenciaturas.

Aunque Cecilia no ha tenido problemas con sus maestros y compañeros de aula en razón de acoso o subestimación, mencionó que no existe interés en lo que se pregona respecto a la equidad y atención con perspectiva de género en el plan de estudios.

“Va dependiendo también del maestro y cómo conducen la clase. Todos nos tratan como iguales, pero en cuestiones de la materia no tienen muy marcado el hablar sobre eso (la perspectiva de género). Creo que tampoco entran tanto al tema porque es un poco controversial”, indicó la recién egresada.

Esta libertad de cátedra propicia el abandono y falta de interés de estos temas, tanto en las aulas como en las mentes de quienes en un futuro podrían defender a alguna mujer que sufrió violencia.

De acuerdo con la joven, el tema se toca más cuando la docente es mujer, pues se cree que tienen mayor consciencia de los tratos que se dan en el terreno laboral.

Aunque el principio de equidad de género esté implícito, la realidad es que este tipo de temas estaban -y siguen estando- más presentes en talleres o cursos que se toman de manera externa, lamentó la estudiante.

Reparaciones del daño que no impactan: sentencias limitadas

Ante casos de acoso y violencia jurídica por parte de abogados en el ejercicio de sus facultades no existen formalmente denuncias directas a las que se les puedan dar seguimiento, acusó la abogada Ademary Rosas.

“Sea por miedo a represalias, temor por el poder que representan los abogados, y mientras ellos están en la tranquilidad de sus espacios repitiendo esas conductas”, aseguró. 

Aunque hay ocasiones en las que son exhibidos a través de tendederos, sobre todo en el mes de marzo, previo y después del día 8, la abogada mencionó que aún falta mucho para que las mujeres dejen de sentir ese miedo.

Los mecanismos para denunciar acosos por parte de abogados existen, pero no se saben utilizar.

Agregó que los mecanismos para que mujeres puedan denunciar acoso por parte de abogados existen, pero no se saben utilizar del todo, pues se cuestiona más a la víctima y se duda de su credibilidad por anteponer el poder que un abogado tiene gracias a su prestigio.

Además de no priorizar una atención adecuada a quienes han sido víctimas de violencia o de falta de responsabilidad, la falta de cultura jurídica hace que muchas veces se aprovechen estas desventajas para después utilizarlos en su propio beneficio.

“Cuando saben que las mujeres que están pasando por una situación vulnerable acuden a una asociación o agrupación feminista, el trato cambia completamente (en las fiscalías y en despachos de abogados) porque saben que de alguna manera pueden ser exhibidos”, afirmó. 

Lamentablemente, como indicó Ademary, no muchas mujeres saben que pueden tener este acompañamiento por parte de personas expertas en el tratamiento de este tipo de casos en los que normalmente deciden iniciar el proceso por cuenta propia.

Avances lentos que hace falta reforzar

Cuando una mujer se encuentra decidida a denunciar violencia de género (en situación peligrosa) y tiene ya las bases para iniciar el proceso, se activa la llamada “Alerta Violeta”.

Esta alerta moviliza de manera inmediata la atención a los familiares de la víctima, los avisa y se improvisa un refugio que las autoridades deben proporcionarle de manera inmediata, si es que la familia no puede otorgarlo.

Además de esta acción prioritaria e inmediata, se da parte a las autoridades con una denuncia.

En el caso de que existan menores que estén al cuidado de la víctima, se inicia un proceso de resguardo legal o custodia de los menores para no caer en el delito de retención.

Finalmente, junto con este código se brinda acompañamiento psicológico.

“Ha sido un proceso lento. No hemos concluido la etapa 4, que es la erradicación total, pero este procedimiento está en marcha y con el que difícilmente regresarán a ese ambiente”, expuso la abogada.

Ademary reconoce que todos estos procesos son bastante lentos y por ello los avances de leyes e iniciativas son poco visibles. No obstante, esto no afecta en el fortalecimiento de las mismas.

La impunidad ha estancado el acceso a la justicia con perspectiva de género.

Esmeralda Lecxiur, integrante de Abogadas con Perspectiva

Aunque actualmente existe más apertura para tratar estos temas de manera más profesional e informada, la abogada cree que más que por un acto de consciencia, esta apertura viene por la misma presión que el trabajo de colectivos y abogada/os o psicóloga/os que se manejan con perspectiva de género.

Sin embargo estos cambios no son suficientes, pues de acuerdo con la abogada siguen siendo temas forzados que aún deben de dársele seguimiento.

El desarrollo de colectivos especializados en la atención jurídica con perspectiva de género está incrementando cada vez más. Dentro de ellos, se crean protocolos que hace la atención más rápida, además de priorizarla para mujeres que no cuentan con los recursos suficientes para pagar a un defensor.

La necesidad de atender estos temas de manera correcta –aunque esté estipulado de manera escrita- es una prioridad para activistas como Esmeralda y Ademary, quienes desde su formación como abogadas y feministas han sacado adelante casos en los que la cultura jurídica brilla por su ausencia.

Esmeralda Lecxiur, integrante de Abogadas con Perspectiva, mencionó que el acceso a la justicia a nivel nacional y en Veracruz se ha estancado en materia de perspectiva de género por una razón tan simple como real e injusta: la impunidad.

“El 98 por ciento de los casos en nuestro país quedan impunes, además de que tenemos una falta de personal agobiante para atender a las mujeres aunque las estructuras existan. La impunidad se gesta en la falta de personal que atienda estos casos”, expuso.

Aunque las fiscalías especializadas en atención a las mujeres cuenten con áreas de atención psicológica, médica y de trabajo social, éstas únicamente son para peritar y no para atender de manera personalizada a víctimas de casos de violencia familiar o en razón de género, según Lecxiur.

En enero de 2022 se registraron a nivel nacional un total de 22 mil 571 llamadas al 911 para denunciar violencia intrafamiliar. Por cada hora de ese mes se recibieron 30.3 llamadas de mujeres que pretendían denunciar violencia desde sus hogares, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

No obstante, esto no siempre se traduce en denuncias formales, y la estadística lo demuestra, pues durante ese mes la incidencia registró 5 mil 185 delitos menos que los denunciados de manera telefónica.

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