//Por: Alba Valdez/ Ana Alicia Osorio//

Alma Ortiz Mapil tiene siete meses de embarazo y camina 15 minutos por una vereda para tomar una camioneta colectiva que la lleva a la cabecera de su municipio para acudir a su consulta mensual. 

A pesar de que preferiría atender su embarazo con una partera de su comunidad, no puede hacerlo. Si así lo decidiera tanto ella como su hijo de 8 años perderían el programa social Prospera, que la obliga a atender su embarazo en el Centro de Salud u hospital dentro del Seguro Popular.

Alma, al igual que sus nueve hermanos y su primer hijo nacieron con parteras como parte de una tradicional familiar, tradición que con el parto de su segundo hijo no podrá seguir. 

Ella teme que al no acudir a sus consultas mensuales le quiten el apoyo económico que tiene por parte del programa social, pues es lo que le han dicho las encargadas del programa en su comunidad que sucederá en caso de que atienda su embarazo en otro lugar que no sea el Seguro Popular.