//Por: Alba Valdez/ Ana Alicia Osorio//

Alma Ortiz Mapil tiene siete meses de embarazo y camina 15 minutos por una vereda para tomar una camioneta colectiva que la lleva a la cabecera de su municipio para acudir a su consulta mensual. 

A pesar de que preferiría atender su embarazo con una partera de su comunidad, no puede hacerlo. Si así lo decidiera tanto ella como su hijo de 8 años perderían el programa social Prospera, que la obliga a atender su embarazo en el Centro de Salud u hospital dentro del Seguro Popular.

Alma, al igual que sus nueve hermanos y su primer hijo nacieron con parteras como parte de una tradicional familiar, tradición que con el parto de su segundo hijo no podrá seguir. 

Ella teme que al no acudir a sus consultas mensuales le quiten el apoyo económico que tiene por parte del programa social, pues es lo que le han dicho las encargadas del programa en su comunidad que sucederá en caso de que atienda su embarazo en otro lugar que no sea el Seguro Popular.

“Nos dicen que si no vamos a las consultas al centro de salud, el dinero que nos dan nos lo van a retirar”

“Aquí la encargada de Oportunidades (nombre anterior a Prospera y con el que aún lo conoce) nos dicen que si no vamos a las consultas al centro de salud, el dinero que nos dan nos lo van a retirar, que porque van a pensar que ya no lo necesitamos”, cuenta.

El programa de apoyo limita la decisión de Alma sobre la forma en que atiende su salud pero además, según la organización Kalli Luz Marina, genera otros problemas para las mujeres como por ejemplo les impide encontrar un empleo remunerado. 

Apoyo que se vuelve obligación 

“En el caso de mujeres embarazadas, el Programa asegura que cuenten con atención médica durante el embarazo y el parto, así como con información que les permita monitorear de manera efectiva el desarrollo de sus hijas e hijos durante sus primeros años de vida”, indica el Resumen de Políticas, Prospera, Programa de Inclusión Social: Combate a la pobreza con perspectiva de género, elaborado por el Gobierno Federal en la pasada administración. 

Sin embargo, lo que es ofertado como una prestación y un apoyo como parte del programa social para Alma se ha convertido en una obligación que le impide tomar la decisión sobre la forma en que prefiere llevar su embarazo. 

Prospera es un programa social que fue creado en el año 1997, según el documento ya citado, y que ha cambiado de nombres hasta consolidarse como se encuentra actualmente. 

A través del mismo les otorgan dinero a las familias de escasos recursos en un programa de corresponsabilidad a través de las cuales se les obliga a acudir a consultas, talleres, trabajos comunitarios, entre otros. Además, brinda algunas capacitaciones para el empleo y becas a las y los menores de las familias para que estudien. 

De acuerdo con el padrón único de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (actualizado a octubre del 2018) en Veracruz había 2 millones 443 mil 150 personas que recibían el programa social Prospera. 

El mismo, continuará en la siguiente administración pues le destinarán 54 mil 121 millones 500 mil pesos, según el Presupuesto de Egresos aprobado en lo general por la Cámara de Diputados, entre el dinero que se encuentra en la Secretaría de Educación, Salud y Bienestar.

Si lo recibes, no trabajas 

Según los documentos de Prospera buscan convertir a las mujeres en “tomadoras de decisiones” por lo que son las principales beneficiarias. 

Sin embargo, según María López de la Rica, coordinadora de la asociación civil Kalli Luz Marina, el programa muchas veces se ha convertido en un obstáculo para que las mujeres encuentren empleo, por lo que en muchas ocasiones deben decidir entre continuar en éste o trabajar fuera de su vivienda. 

Detalló que en la zona centro del estado muchas mujeres se dedican al trabajo doméstico, el cual les es negado cuando admiten que cuentan con Prospera.

Dijo que eso se debe a que las encargadas les citan frecuentemente para cumplir con las juntas, limpiezas, talleres y otras reuniones que necesitan tener como parte del programa social. Por ello no pueden acudir a laborar o faltan con frecuencia. 

“Para recibir las transferencias monetarias, las madres de familia de los hogares beneficiarios, quienes son, en su mayoría, las titulares del Programa, asumen una serie de responsabilidades entre las que destacan su asistencia periódica a consultas médicas y a talleres educativos sobre alimentación, prevención de la salud y salud reproductiva”, indica el Resumen de Políticas ya citado. 

Esas son algunas de las obligaciones a las que se refiere López de la Rica y que impiden a las beneficiarias obtener el recurso como un ingreso adicional, convirtiéndose en ocasiones en el único que pueden obtener. 

“Nos percatamos de que mujeres vecinas de nuestros lugares de origen y que reciben el apoyo del programa social Prospera expresan sentirse violentadas por las políticas de condicionamiento y control e incluso algunas de ellas expresan que sienten que el programa controla la forma de gastar el dinero”, indica la Agenda Regional de Mujeres Indígenas elaborada en abril del 2018 por el Kalli Luz Marina. 

Pero ellas no son las únicas que han detectado problemas con este programa, pues una evaluación del propio programa realizada en el año 2017 indica que en muchas ocasiones la entrega del dinero a las mujeres han generado conflictos con sus parejas, o bien tienen problemas para llegar a los centros de salud donde les es obligatorio acudir debido a los altos costos. 

El documento no detalla más al respecto, pero Nora Haenn de la North Carolina State Universit, señaló en un artículo publicado en AP que formó parte de una investigación en el estado de Campeche, donde descubrieron que los esposos (en los casos que tienen) de las beneficiarias de Prospera, ven en el programa social una oportunidad de disminuir los ingresos que brindan a sus parejas.

López de la Rica señaló que esperan que con el cambio de administración se modifique también la forma en que se entrega el programa social y permita a las mujeres tomar sus propias decisiones.

Comentó que la promesa de que otros programas sociales se depositarán directamente en las tarjetas bancarias y que no se condicionará la asistencia continua, esperan que se extienda a Prospera y con ello mejore la situación de las miles de mujeres que lo reciben. 

Mientras tanto Alma, sigue caminando 15 minutos por una vereda para toma una camioneta colectiva que la lleva a la cabecera de su municipio y acudir a su consulta mensual, pues Prospera le impide atenderse con una partera como ella quisiera