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Violencia contra mujeres en la Universidad Veracruzana

//Por: Ana Alicia Osorio//

“No estás tan mal”, le dijo un maestro frente a toda la clase. Ella y el resto de las y los estudiantes se quedaron callados. 

Esa no era la primera vez que un maestro de la Universidad Veracruzana le decía algo parecido y eso que apenas estudiaba el segundo semestre. 

Uno ya la había escogido como mensajera del grupo pero usaba su número para enviarle mensajes personales, otro le pidió que dejara a su pareja y ahora éste la miraba de arriba a abajo y le hacía comentarios sobre su apariencia. 

Pero ella no pensó en presentar una queja pues ni siquiera sabía que existe una Guía para la Atención de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual, que las autoridades escolares deben acatar en estos casos y que defiende sus derechos. 

“No conocía de mis derechos ni nada de eso, desde entonces dejé de usar vestidos, pantalones entallados para esa clase y así”, contó desde el anonimato. 

El desconocimiento y la dificultad para que el agresor sea sancionado, son las razones por las cuales las integrantes de la Red de Apoyo a Mujeres de la UV (RAMUV) consideran que muchas víctimas prefieren no presentar las quejas oficialmente.

De acuerdo con la Universidad Veracruzana, en el Recurso de Revisión IVAI-REV/879/2018/II, entre 2016 y 2017 recibió 10 quejas por violencias de género y 10 más por casos de hostigamiento o acoso sexual

Mientras que en 2018 se presentaron oficialmente 8 quejas según la coordinadora de la Unidad de Género Beatriz Rodríguez Villafuerte. Sin embargo, añadió, es tan solo la mitad de quienes llegaron a buscar asesoría a esa unidad pues el resto no las oficializó. 

Es decir, en tres años recibieron solamente 28 quejas entre las y los 81 mil 017 estudiantes que tiene la Universidad Veracruzana (de quienes el 54 por ciento son mujeres).

Convivir con el agresor 

Ella se decidió a presentar una queja contra un estudiante de la acosaba constantemente por celular. Ella sabía que no era a la única a quien acosaba, pues muchas otras integrantes de la facultad habían vivido lo mismo. 

Tras largo proceso el acosador fue suspendido seis meses para después regresar a las mismas aulas donde ella, quien lo había acusado, y sus otras víctimas estudiaban. 

“El chico solamente recibió una suspensión de seis meses, con posibilidad de regresar, indicándole que requería ir al psicólogo al chico y ya (…) era como algo que suponía no incomodara a la víctima realmente, pero convivir con su agresor es demasiado fuerte”, narró una integrante de la Red. 

Sólo 17 de las 24 quejas que se presentaron entre 2016 y septiembre 2018 terminaron en sanción , incluyendo un “extrañamiento” (que no se define a que se refieren), tres amonestaciones, cuatro suspensiones y siete rescisiones de contrato. Ello según el Recurso de Revisión ya citado.

“Una amonestación verbal que evidentemente eso no satisface a quien denuncia y muchas veces puede caer en el terreno de la revictimización, estamos teniendo cuidado en ese sentido”, aseguró la coordinadora de la Unidad de Género. 

Fallas en la guía 

“Van desde chistes machistas, misóginos, hasta tocamientos, abuso sexual (…) es infinito, yo creo que todas las mujeres que hemos pasado por ahí nos ha pasado algo o muy afortunada la que no, o no se ha dado cuenta tal vez porque a veces no nos damos cuenta”, afirmó una integrante  de la Red, que como sus compañeras prefiere no dar su nombre pues han vivido intimidaciones por su activismo. 

La guía para la atención de casos, asegura, no es obligatoria y por lo tanto cada autoridad puede dar el seguimiento como prefiera. 

Según dicha guía, las quejas se pueden presentar ante la Unidad de Género, el directivo de la Facultad o el superior jerárquico de quién haya cometido el acto. 

Posteriormente será turnada a la Junta Académica o el directivo que deba resolver, la investigará, tendrá una audiencia con la persona denunciada, desahogará pruebas y tendrá una resolución.

El proceso tarda mucho tiempo, al parecer de las integrantes de RAMUV, pero además suelen hacer públicos los nombres de la víctima

“Generalmente optan por meter la denuncia a Junta Académica, tiene que realizar una relatoría de los hechos, con pruebas y todo esto (…) el rumor se extiende y también el nombre de la víctima porque el nombre de la víctima se lee”, contó una de las integrantes

Rodríguez Villafuerte coincidió en que existen algunos problemas en la forma en que se están atendiendo estos casos, por lo que indicó que crearán un protocolo que los subsane pero que además sea de carácter obligatorio. 

Éste, afirmó, esperan presentarlo a finales del año ante Consejo Universitario para su aprobación.

“Vamos a poder no solo identificar cuales son los casos que tienen una mayor incidencia sino sobre todo qué norma vamos a poder aplicar, qué instrumento jurídico, qué sanción o cuál sería la intervención que necesitamos tener”, indicó.

Otros problemas que han detectado las estudiantes, es que durante las audiencias colocan a la denunciante y el denunciado en el mismo sitio y que no existe acompañamiento psicológico.

Ante ello, la coordinadora de la Unidad de Género dijo que se articularon con las clínicas universitarias para que se brinde la atención psicológica, mientras que la Defensoría Universitaria debe involucrarse en los casos para lograr las sanciones. 

Agredidas por buscar justicia

“Un maestro que hasta la fecha sigue dando clases y hacía muchos comentarios misóginos, a mi una vez que fui con una blusa escotada me dijo ‘así te ves mucho mejor destapadita’, que las niñas con falda se sentaba hasta adelante (…) nos decían que no podían hacer nada, que no podían quitarlo de ahí de dar clases”, contó una estudiante de la Facultad de Sociología. 

Esa y otras experiencias similares llevaron a las estudiantes de la Universidad Veracruzana a hacer el primer “tendedero” donde exhiben en pancartas los casos de acoso sexual de los que han sido víctimas.

Esa actividad creció hasta convertirse en la Red de Apoyo a Mujeres de la Universidad Veracruzana que acompaña e informa a las mujeres pero además hacen los tendederos como una forma de denuncia simbólica y pública de los casos. 

Esa actividad no ha sido bien recibida por algunas personas que integran la comunidad universitaria, quienes inclusive han montado guardias para verificar que su nombre no sea exhibido o intentado coaccionar para que sea retirado. 

“Un administrativo vio que una chica colgó su denuncia y la fue a perseguir, habló con ella y le exigió que quitara la denuncia que había hecho (…) no solo fueron los universitarios los que estaban checando que no saliera su nombre, sino también maestros y administrativos”, afirmó una estudiante. 

Ante ello el anonimato ha sido su forma de protección, pues así las mujeres pueden entregar a algunas organizadoras las denuncias para hacer públicas y evitar la represalias. 

Esas represalias a las que temen, es según la coordinadora de la Unidad de Género, una de las razones por las que a veces no se animan a hacer la denuncia y contra lo que aseguró deben blindar su protocolo. 

Mientras eso pasa y el protocolo está listo, las mujeres de la universidad siguen siendo víctima de violencia pero también organizándose para buscar cambiar el sistema y obtener justicia. 

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Veracruzanas contra el machismo

//Por: Ana Alicia Osorio//

Las 16 mujeres que son asesinadas en promedio cada mes en Veracruz, han provocado que sean ellas quienes se movilicen para intentar frenar las violencias que viven. 

Algunas colectivas, asociaciones civiles, mujeres organizadas y en solitario, intentan poco a poco contrarrestar las violencias en contra de las mujeres. 

En un estado con una Alerta de Violencia de Género por feminicidio (y otra por Agravio Comparado en materia de salud sexual), ellas son quienes han ocupado el rol de informar, educar, acompañar, dar refugio y generar estrategias para frenar las violencias. 

La Comisión de Fomento de Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Gobierno Federal, señala que en el estado de Veracruz existen 414 organizaciones que buscan “promoción de la equidad de género”.

La educación, preocupación constante 

“Muchas veces, no conocemos nuestros derechos y entonces quizá no alzamos la voz cuando nos aqueja una situación de violencia”, sentencia Nancy Torres Castañeda de la Colectiva Colmena Verde en el puerto de Veracruz. 

Ellas se conformaron recientemente como grupo en septiembre, cuando coincidieron en el llamado internacional por la legalización de la interrupción del embarazo y se dieron cuenta de la necesidad de articularse. 

Las redes sociales han sido su principal método de comunicación que han pasado a la acción con los ejes de educación y cultura con clubes de lectura, tianguis culturales, pláticas con expertas y otras actividades que realizan.

Es precisamente la educación uno de los puntos que establece la Alerta de Violencia de Género que marca que se debe crear una estrategia educativa para ayudar a prevenir la violencia y señala que se deben difundir las líneas de apoyo a las víctimas. 

Esas campañas no existieron en las pasadas administraciones estatales, aunque la Alerta está decretada desde noviembre del 2016. 

Por eso, las integrantes de Colmena Verde educan para que se conozca la situación de violencia que viven las mujeres pero también que quienes son víctimas sepan sus derechos y las formas en las que pueden ejercerlos. 

“Que las personas se informen de temas referentes que nos aquejan a las mujeres de nuestros derechos y también de que podemos hacer entre nosotras para alzar la voz para las que ya no están, que han sido asesinadas, que podemos hacer nosotras para que las nuevas generaciones o las más chavitas sepan que hacer en caso de violencia”, aseguró Torres. 

Como ellas, hay otras asociaciones civiles y grupos que buscan a través de pláticas, talleres y diferentes actividades, que las mujeres conozcan sus derechos como primera herramienta para luchar contra los feminicidios. 

Nuevas generaciones de feministas 

Algunas mujeres cuando son niñas sueñan con ser princesas, pero una princesa debe ser rescatada y ayudada siempre. Por eso el Colectivo Akelarre A. C. creó el “antiprincesas”. 

Para estas mujeres en Xalapa, es necesario que las niñas y adolescentes cambien la forma en que son criadas para evitar que se conviertan en víctimas de la violencia. 

Ellas son un colectivo que inició en 2010 y a través de los años ha realizado distintas actividades lúdicas y didácticas con jóvenes y niñas.

Allí, según la asociación civil integrada por cerca de 10 mujeres, las jóvenes pueden ir creando lugares donde se sientan seguras y aprender que las mujeres pueden ayudarse unas a otras.

Que cuando crezcan no tengan que ser tan reaccionarias sino más bien más preventivas  (….) la necesidad de generar espacios donde las mujeres estemos más seguras y no sean como espacios paternalistas donde esperen que nos cuiden sino aprender a cuidarnos, primero cuidarnos nosotras y luego cuidarnos en colectiva”, cuenta Jimena Vía Salinas.

Ella asegura que buscan que las jóvenes creen un proyecto de vida, conozcan sobre su cuerpo, el amor romántico, el feminismo y se den cuenta que no están solas en caso de vivir alguna violencia. 

Nuestra finalidad es generar cuadros feministas, la generación de incidencia feminista dentro de la compas (…) es realmente generar una experiencia, los talleres que generamos no pretendemos que sean una actividad educacional sino que realmente creemos en la experiencia”, afirma.

Cortesía: Colectivo Akelarre

En búsqueda de la justicia 

Los servicios de personas expertas en leyes tienen un costo, aunque quien lo requiera sea la víctima de los delitos. Por eso algunas abogadas se han establecido en grupos o en solitario para dar asesoría jurídica y acompañamiento. 

Ese es el caso de Abogadas con Perspectiva, un grupo de licenciadas en derecho que acompañan de oficina en oficina a quienes quieren interponer una denuncia o necesitan una guía para enfrentar un proceso judicial. 

Otra de las abogadas que apoya mujeres, es Esmeralda Lecxiur, quien ha tocado puertas por casos de víctimas de feminicidio. Ella logró que por primera vez en el estado de Veracruz se ofreciera una recompensa por un presunto feminicida que está prófugo de la justicia.

El acceso a la justicia fue otro de los puntos que aborda la Alerta de Género por feminicidio, por lo que  la Fiscalía General del Estado debe elaborar protocolos, capacitar al funcionariado y crear una unidad especial para investigar estos delitos. Las primeras dos tienen un cumplimiento parcial y la última no se ha realizado

Sin embargo para muchos casos la justicia no se ha logrado. Tal es el caso de Pilar Argüello que ha llegado a instancias internacionales de la mano de un grupo de veracruzanas que forman la asociación civil Equifonía. 

Por su trabajo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) ordenó a México reabrir la investigación de la joven asesinada hace poco más de 6 años, presuntamente a manos de su novio quien a pesar de haber confesado salió en libertad.

Aunque el caso no se ha aclarado y Pilar no ha obtenido justicia, ellas siguen insistiendo por los medios legales para evitar que sea uno más en la impunidad. 

Así el refrán de “las mujeres juntas ni difuntas” es desmentido por estas y muchas otras mujeres que han encontrado en la organización la forma de luchar contra la violencia de género. 

IMSS, el sueño negado de las trabajadoras del hogar

//Por: Alba Valdez//

Cuando Gabriela vio en las noticias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la seguridad social de las trabajadoras domésticas, no dudó en comentarle a su empleadora, con quién lleva más de 10 años limpiando su casa. La respuesta fue un “si te doy el seguro, te pago menos”.

Gabriela tiene 43 años y desde que el papá de sus 2 hijos la abandonó  en 2005, ella trabaja limpiando una casa o cuidando niños con una familia en una de las zonas más exclusivas de Boca del Río, donde semanalmente le pagan 1400 pesos.

“Yo llegué por una recomendación de una conocida, desde hace casi 13 años y desde entonces me hago cargo del aseo de la casa y cuando vienen los nietos de la señora también los cuido, o cuando no viene la muchacha que hace la comida, pues también lo hago“, narra.

Todos los días se levanta a las 6 de la mañana para dejar el desayuno listo a sus hijos de 17 y 19 años, en la mesa también les deja entre 60 y 70 pesos para que paguen sus camiones hacia la escuela y se compren un volován o una torta.

Su horario de entrada es a las 8 de la mañana, pero no tiene una hora fijada para salir; cuando tiene suerte sale a las 3 de la tarde otras veces ha tenido que quedarse hasta después de la cena. Su trabajo consiste en barrer la casa, lavar ropa, lavar trastes y en ocasiones hacer la comida.

“Cuando le comenté a mi patrona me dijo que no puede, más bien me dijo: si te doy el seguro, te pago menos “

Gabriela, trabajadora doméstica

“Ya llevo mucho tiempo aquí y cuando ví eso en la tele, que teníamos derecho de pedir nuestro seguro social, la verdad me emocionó mucho porque padezco de la presión y todas mis medicinas las tengo que comprar, entonces eso sería para mí de mucha ayuda verdad, pero cuando le comenté a mi patrona me dijo que no puede, más bien me dijo: si te doy el seguro, te pago menos “, cuenta Gabriela.

En diciembre del 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que es discriminatorio que las trabajadoras domésticas no cuenten con seguridad social. Esto luego de que María Rosario Garduño Gómez, una mujer de 80 años que fue empleada doméstica por 50 años, solicitó su inclusión al IMSS, indemnización y pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, entre otras prestaciones y derechos laborales a los que sus empleadores se negaron.

Ante el fallo a favor de María Rosario por parte del SCJN, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)deberá implementar un plan piloto durante el primer semestre de 2019 y solicitar para ello las partidas presupuestales. 

El régimen especial de seguridad social para trabajadoras del hogar debe contar con condiciones igual de favorables que los demás trabajadores.

También deben proporcionarse los seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades, maternidad, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 

De acuerdo con el proyecto de sentencia que el ministro, Alberto Pérez Dayán, presentó y fue avalado por unanimidad después de echarse andar el plan piloto, que no debe exceder los 18 meses, el IMSS tiene que proponer al Congreso de la Unión, las adecuaciones legales necesarias  para la seguridad social para las trabajadoras del hogar, y que en un plazo no mayor a tres años la obtengan todas las empleadas domésticas en el país.

“El régimen especial debe resultar de fácil implementación para los patrones (que en su mayoría son amas de casa o padres de familia) y no puede ser de carácter voluntario, sino obligatorio. Asimismo, se deberá explorar la posibilidad de facilitar la incorporación al nuevo régimen especial, excusando a los patrones de encontrarse inscritos ante el SAT”, menciona el proyecto avalado.

Guillermina es otra trabajadora doméstica, quien desconoce a qué tiene derecho, pues a más de un mes del fallo a favor de la SCJN no ha leído y mucho menos sus patrones le han comentado de esta noticia.

Guille trabaja con dos familias, con la primera va a cumplir 3 años y con la segunda ya lleva 8. Empezó a trabajar desde que tenía 16 años, luego de que su mamá, quién también se dedicó toda su vida a limpiar casas, muriera.

“La verdad casi no veo las noticias, entro en un trabajo a las 8 y salgo a las 2 de la tarde, de ahí corro hasta la otra casa donde entro 2:30 y salgo hasta casi las 7 de la noche, entonces llego cansadísima y ya no veo nada, pero que bueno que ya tenemos ese derecho”, comenta.

Sin embargo, dice que no sabe cómo decirle a sus patrones de este derecho laboral que tiene y teme a que la despidan al solicitarlo.

“Ahorita que lo dices me pongo a pensar y me pregunto cómo reaccionarán, qué tal y me dicen que por exigirles eso ya no quieren de mis servicios, porque pues no tengo contrato, ni nada de eso, entonces sería muy difícil comprobar que trabajo con ellos”, dijo.

“Me pregunto cómo reaccionarán, qué tal y me dicen que por exigirles eso ya no quieren de mis servicios, porque pues no tengo contrato”

Guillermina, trabajadora del hogar

Gabriela y Guillermina distan de sus lugares de trabajo, de los sueldos y de la comunicación con sus empleadores, pero coinciden en la ignorancia de sus derechos laborales, por lo que a ambas les gustaría que alguien les explicara cómo podrían hacerlos valer.

“Estaría bien que el gobierno nos explicara cómo podemos hacer para conseguir eso, cómo se puede obligar a que nos den el seguro, yo apenas terminé la secundaria y no entiendo mucho de letras, pero si es un derecho de nosotras, están obligados, yo creo”, agrega Guillermina.

*Se omitió el nombre completo de las trabajadoras del hogar, para evitar posibles conflictos con las familias que las emplean.