Veracruzanas se manifiestan por la legalización del aborto

Decenas de mujeres en Xalapa, Veracruz, salieron a las calles a exigir la despenalización de la interrupción del embarazo, como parte de una movilización mundial que aboga por el derecho a las mujeres.

Como movimiento de apoyo a la pañueliza verde, surgida en Argentina para legalizar el aborto, mujeres de todo el mundo se plantaron en las afueras de las embajadas argentinas y en plazas públicas.

Una de las activistas participantes en la manifestación de Xalapa recalcó que en Veracruz y en gran parte de México, aun existen grandes pendientes para legislar sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su vida sexual.

Dijo que poco a poco las feministas han logrado conquistar derechos para las mujeres, sin embargo desde hace más de 100 años se ha pedido la legalización del aborto y éste derecho ha sido negado.

“Hay una gran subjetividad oscurantista, respecto a la capacidad que tenemos las ciudadanas de decidir sobre nuestros derechos, de ejercer libremente nuestra ciudadania, el ejercicio de la ciudadanía para las mujeres es visto como un libertinaje”, resaltó.

Añadió que grupos proderechos de las mujeres siguen impulsando las modificaciones ley ordenadas en la Alerta de Género por Agravio Comparado y que algunos legisladores veracruzanos se negaron a acatar.

Dijo que esta lucha se sigue impulsando, ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esperan que se declare a favor del derecho de las mujeres a decidir.

Anuncios

Nombran fiscal coordinadora en delitos contra mujeres

//Por: Ana Alicia Osorio//

Tras varios meses de permanecer acéfala, fue nombrada Denisse Moreno Córdova como Fiscal Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas.

De acuerdo con un boletín, señalaron que es licenciada en Derecho especializada como secretaria de acuerdos y con experiencia Agente del Ministerio Público Investigador especializada en Delitos Contra la Libertad, la Seguridad Sexual y Contra la Familia con sede en Coatzacoalcos.

Además, según el documento de la FGE ha estado como fiscal de distrito y encargada de la Fiscalía Regional en Tantoyuca.

Organizaciones feministas habían denunciado que se encontraba acéfala la dependencia lo que obstruía su funcionamiento, mientras que medios de comunicación a nivel nacional señalaron que la Fiscalía Especializada estaba siendo desmantelada.

La fiscalía se encontraba sin titular desde diciembre del año pasado cuando su anterior fiscal coordinadora, Samyra del Carmen Khouri Colorado, falleció.

La fiscalía resulta de especial importancia en un estado donde se encuentra decretada la Alerta de Violencia de Género por Feminicidios.

Omisión asesina 

// Por: Ana Alicia Osorio / /

¿Qué hubiera pasado si el DIF de Minatitlán le hubiera explicado a Hortencia sus derechos? ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera sabido donde presentar una denuncia? Son las preguntas que rondan en la mente de su familia, amigos, conocidos y desconocidos. 

Ahora su familia solo puede llorar. Llorar al decirle adiós. Llorar para pedir justicia y esa acción de las autoridades que no hubo cuando aún vivía. Llorar y suplicar que apresen a su esposo, quien le dio dos tiros en el pecho. 

Llorar. Eso también fue todo lo que pudo hacer Hortencia cuando llegó al patio de su casa tras haber visitado el DIF de Minatitlán, en Veracruz, para pedir ayuda por la violencia que ejercía su esposo. 

Entre las lágrimas por el adiós la familia de Tencha, como le dicen de cariño, cuenta ese día que fue al DIF pero le dijeron que para salir de la violencia necesitaba dinero que no tenía. Cuenta como pudo marcar la diferencia para que ella que pudiera seguir con vida y con el único sueño que tenía “ser feliz con sus hijos”. 

Pero su caso no es único. En su informe “Implementación del tipo penal de Feminicidio en México”, el Observatorio Nacional del Feminicidio advierte una especial preocupación por casos de feminicidios donde la mujer había presentado una denuncia previa y pese a ello no se garantizó su protección. 

Yesenia Ambros Lorenzo, la cuñada de Hortencia, le comentó meses atrás que había escuchado que podía pedir “orden de esas para que se aleje” (orden de protección), pero como no sabían el procedimiento para hacerlo nunca lo intentaron. 

El aumento de la violencia 

La cuñada y mejor amiga consideró que necesitaba algo así porque aunque Tencha había salido de la casa donde era violentada, la violencia no acababa. 

Desde hacía seis meses Gabriel Hernandez González, dejó de darle dinero para sus cuatro hijos y ella que se dedicaba a las labores del hogar. Comenzaron los insultos y la violencia psicológica. Vinieron los golpes con cuanto objeto podía encontrar. 

Ella regresó a vivir a casa de sus papás en una comunidad rural de Minatitlán. Pero la violencia no paró. Gabriel volvió una y otra vez a suplicarle que regresara y en una ocasión lo hizo solo para encontrarse de nuevo con los golpes y otras formas de violencia.

Tencha decidió dejarlo y volver de nuevo con sus papás, pero todos los días iba a buscarla.  Según cuenta la familia de ella, la motocicleta en la que él se transportaba rondaba la casa, a veces durante toda la noche y si se la encontraba de frente venían las súplicas seguidas de los insultos. 

Entonces Tencha supo que no estaba segura y decidió pedir ayuda. Entre el poco dinero que tenía juntó los más de 100 pesos que necesitaba para ir a Minatitlán, tomó un transporte rural y una lancha para cruzar el río y llegó al DIF municipal. 

Allí pidió lo único que sabía que podía: pensión alimenticia para sus hijos. Además le contó a la funcionaria que la atendió de los golpes que recibía, de la amenaza de asesinarla que había hecho su esposo con una pistola y del resto de la violencia que vivía. 

La ayuda que no encontró 

La funcionaria, según le contó Tencha a Yesenia, le dijo que necesitaría grandes sumas de dinero para lograr la pensión alimenticia, que tenía que pagar abogados y una prueba de ADN para el niño más chiquito que no estaba registrado y que el costo sería hasta 15 mil pesos. 

Tencha, una mujer de escasos recursos, dedicada al hogar y que se debatía entre seguir cuidando a sus hijos o buscar un trabajo donde no tuviera que pagar más de 100 pesos al día para poder llegar, se desanimó de su petición de ayuda. 

La persona del DIF no le dijo que la falta de recursos era violencia económica, que podía poner una denuncia por ésta, además de por la violencia psicológica y la violencia física. 

No le habló del Instituto Municipal de la Mujer que la podía auxiliar o que la denuncia tenía que interponerla en la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños. Menos de todas las leyes que la protegían. No importó que Minatitlán fuera uno de los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida en Veracruz. 

Tencha que solo pudo estudiar la primaria, no conocía ninguna de esas leyes y por la respuesta de la persona del DIF que le atendió, prefirió ni siquiera intentar seguir con un proceso para el que sabía que no contaba con el dinero que según le dijeron debía gastar. 

“Lloró de muina, no de tristeza, de muina, agarró y se sentó allá afuera (…) me dijeron que porque no estoy casada. Ella dice que sí, que les contó todo, que me pegó y todo y no le hicieron caso, le dijeron simplemente no te podemos ayudar porque no estás casada”, contó Yesenia. 

“Le dijeron para que te hagan caso necesitas tener un abogado particular y pues si no tengo dinero ¿Cómo le hago para tener un abogado particular? (…) del dinero que tengo prefiero darle de comer a mis hijos”, dijo al recordar aquel día que para ella hubiera hecho la diferencia. 

Y así siguió hasta el día que su esposo sacó una pistola y le dio dos tiros cuando ella estaba en la puerta de la casa con su hijo en brazos. 

El ayuntamiento de Minatitlán señaló por medio de un comunicado que el DIF no tenía conocimiento de la violencia de género que vivía Hortencia y que solamente pedía pensión alimenticia. 

Lo que no explicó es que ella desconocía las leyes y protocolos, que la falta de recursos entregados es violencia económica y que un municipio con Alerta de Género tiene la obligación de explicar a las mujeres los mecanismos que tienen para acceder a la justicia. No explicó la razón de las omisiones del personal del DIF. 

Mujeres expuestas a la violencia 

Aún después del asesinato de Hortencia, si alguna otra mujer en la comunidad El Valedor fuera víctima de violencia de género sería difícil que presentara una denuncia y que hubiese repercusión. 

Una vecina contó que quienes son beneficiarias de Prospera han recibido pláticas para identificar las violencias de género y un número de teléfono para denunciarla, pero del número no se acuerdan. 

Ese es el único acercamiento con la violencia de género que han tenido. El violentómetro no lo conocen. Las pláticas que el ayuntamiento debería impartir pues existe una Alerta de Violencia de Género no han llegado. 

Las largas distancias, el dinero que necesitan para trasladarse y el desconocimiento de la Fiscalía Especializada donde pueden presentar la denuncia o los organismos que pueden ayudarlas, son otros problemas que enfrentan las mujeres de esa comunidad. 

Algunos de esos problemas se podrían extender por el estado, pues 39 por ciento de Veracruz es considerado como zona rural, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

La impunidad como factor de riesgo 

Aún después de asesinada, Hortencia no ha obtenido esa buena actuación que esperaría de las autoridades y que es su obligación. 

El día que Gabriel la asesinó, aprovechó la confusión para huir en la motocicleta. Desde entonces no han sabido nada de él. 

Aunque Yesenia fue a declarar como testigo, le dijeron que la denuncia la tenía que presentar días después en Coatzacoalcos. Nadie le explicó la razón por la cual tenía que ir a otra ciudad, los pasos que seguían. Ni siquiera el nombre de la Fiscalía. 

El panorama para la familia de Hortencia no es bueno, pues de los 79 feminicidios que registró la Fiscalía General del Estado en el año 2017 hasta febrero solamente tenía consignado 1. 

Es decir, según la respuesta a la solicitud de información 00590718, el índice de impunidad que se tiene en la FGE por el delito de feminicidio es de un 98.8 por ciento. 

En ese contexto de impunidad, durante este año en el estado de Veracruz la Fiscalía reconoce 36 feminicidios, tan solo durante el primer semestre del año. 

La cifra contrasta con la del 2016, año en que se decretó la Alerta de Violencia de Género para Veracruz, cuando según los datos reportados al Sistema Nacional de Seguridad Pública se presentaron 24 feminicidios en el primer semestre. 

Pese a la situación y la falta de ayuda que le dieron a su hija, la mamá de Tencha, Francisca Reyes López, solo pide entre lágrimas una sola cosa: “justicia”. 

 

 

**Este reportaje fue realizado con el apoyo financiero de veracruzanas comprometidas con la igualdad de género 

Aprueban en Veracruz reforma para proteger a huérfanos y huérfanas por feminicio y desaparición

//Por: Ana Alicia Osorio//

Diputados y diputadas de Veracruz aprobaron una reforma para proteger a menores que quedaron en orfandad debido a que su mamá fue víctima de feminicidio o desaparición.

Con la reforma, los niños y niñas podrán ser ser catalogados como víctimas indirectas por el delito cometido contra la mujer, por lo que podrán acceder al fondo de reparación pero además a otros derechos como becas y servicios de salud.

La diputada Guadalupe Osorno Maldonado, quien presentó la iniciativa, detalló que la reforma fue elaborada con la participación de diversas organizaciones e instituciones para verificar lo que sucede con los niños y niñas que quedan en orfandad.

“Buscar específicamente la protección para menores que estén en situación de orfandad por feminicio o por orfandad por desaparición de su madre (…) hacer más específica la protección en concreto y a diferencia de otras víctimas indirectas además de tener acceso a la reparación integral por medio del fondo de reparación (…) también buscamos que se les dé cobertura de los diferentes programas y servicios que da el estado”, aseguró.

La reforma modificó la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz y el Código Penal.

La diputada afirmó que es necesario que se cree el fideicomiso para que comience a funcionar el fondo de reparación para las víctimas indirectas de los delitos.

Dijo que tras el trabajo para esta iniciativa encontraron la necesidad de hacer otras modificaciones para que los feminicidas o violentadores pierdan la patria potestad sobre los y las menores.

Las otras víctimas de feminicidio

//Por: Ana Alicia Osorio//

Una vecina amamanta a Adolfo, mientras él juguetea. Han pasado tres días desde que vio a su papá dispararle dos tiros a su mamá cuando ella lo cargaba.

Adolfo, a sus nueve meses, no se ha enterado de nada. Ni siquiera sabe que él no existe, no legalmente.

Su mamá fue asesinada sin haber obtenido su acta de nacimiento y ahora le tocará a sus abuelos y demás familiares hacer los trámites para obtener el documento con su mamá muerta y su papá prófugo.

Contrario a Adolfo, Edith cuenta a su familia como su papá le hizo “pum pum” a su mamá y a ella le salió sangre.

La hija de dos años de Hortencia, no para de llorar mientras ve a desconocidos. Para sus tías que la cuidan, ella tiene miedo y necesita apoyo profesional que hasta ahora no saben donde conseguirán.

Laura sostiene una de las pocas fotos que tiene de su madre junto a las flores que quedaron de su velorio, mientras come una paleta. A sus cuatro años aún no estudia el kínder pero su familia espera poder inscribirla en el próximo ciclo escolar.

Ella recuerda a “Carita” (Clarita) y corrige a un reportero que no le entiende el nombre de su hermana mayor, la única que no está con ellos pues está viviendo con sus abuelos paternos y solo la vieron el día del entierro de Tencha.

Adolfo, Edith, Laura y Clara viven en El Valedor, una comunidad rural de Minatitlán y también son víctimas de la violencia de género que vivió su mamá, Hortencia, y que terminó en feminicidio. Violencia que intentó terminar cuando se salió de la casa que compartía con su esposo y regresó con sus padres y cuando fue al DIF a pedir ayuda que una funcionaria pública le negó, haciéndola creer que no tenía los derechos que se establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Las niñas y el niño son víctimas, como las que se pretenden contemplar en la Ley de Víctimas con una iniciativa que está pendiente de votación en el Congreso de Veracruz para que se les garantice sus derechos a salud, educación (hasta la licenciatura), atención psicológica y programas asistenciales que se les deberán brindar 24 horas.

Sin embargo, como la ley aún no se vota, los familiares están en la incertidumbre pues ellos son de escasos recursos y no saben si contarán con algún apoyo gubernamental ante el asesinato de Hortensia.

“Psicológico y todo, lo que queremos es que salgan ellos adelante”, pide Anselmo Balcázar, papá de Hortencia para los cuarto pequeños.

Ellos no son los únicos en esta situación, en la exposición de motivos para legislar sobre menores en situación de orfandad de madres víctimas de feminicidio, la diputada Guadalupe Osorno expuso que no hay una cifra concreta debido a la falta de atención de parte de los organismos gubernamentales.

“Las niñas y niños cuya madre es asesinada por una razón de género han sido ignoradas por el Estado (…) dejando al menor desprotegido de las garantías que pudiera asegurarle el Estado”, señala dicho documento.

Mientras esperan que la ayuda llegue, se apoyan en la solidaridad de las personas, como la vecina que se convirtió en nodriza del más pequeño o la cuñada que se hará cargo de llevarlos a la escuela cuando sea el momento.

Además piden el apoyo de conocidos y desconocidos en una cuenta de banco para ayudar con los gastos a la familia que vive del jornal del campo.

*Espera este 1 de agosto “Omisión asesina” la historia de Hortencia y muchas otras mujeres*

**Esta nota fue realizada con el apoyo financiero de veracruzanas comprometidas con la igualdad de género**

Renuncia experta que da seguimiento a Alerta de Género en Veracruz

//Por: Ana Alicia Osorio// 

La experta integrante del grupo que da seguimiento de la Alerta de Género por Agravio Comparado, Mayela García Ramírez, renunció a su cargo ante el incumplimiento de dicha Alerta y diversas inconformidades. 

En su renuncia ante la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), señaló que no existen las garantías para continuar su trabajo. 

“No participaré en procesos de simulación gubernamental en detrimento de la reparación del daño causado a las mujeres en Veracruz por el agravio comparado al establecer legislación discriminatoria y prácticas institucionales que profundizan la desigualdad”, indica en el documento. 

La experta fue una de las convocadas por la Conavim para analizar la solicitud para declarar una Alerta de Género por Agravio Comparado en el estado y que determinó la necesidad de hacerlo. 

Una vez declarada la Alerta, comenzó a formar parte del Grupo de Interinstitucinal y Multidisciplinario que analiza los avances y los trabajos que se realizan por la Alerta. 

En el documento, García Ramírez señala que existe un atraso de cuatro meses para que los tres poderes de Veracruz les entreguen un programa de trabajo al Grupo para poder trabajar, además que en las sesiones envían personas que no están autorizadas y que no conocen al respecto del trabajo a favor de las mujeres. 

Además, señaló que el titular del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña, necesita que hizo acusaciones infundadas en contra de  las integrantes del Grupo de Trabajo. 

“No contar con la seguridad de mi integridad habida cuenta de las acusaciones contra las integrantes académicas del GIM hechas por el presidente del Poder Judicial del estado de Veracruz C. Edel Humberto Álvarez Peña”, señala en el documento de su renuncia. 

Autoridades piden conciliar a víctimas de violencia de género: activista

//Por:Ana Alicia Osorio//

La Fiscalía en Veracruz y otras autoridades piden a las mujeres que denuncian violencia por parte de su pareja que se concilie, generándoles un riesgo e incumpliendo los protocolos, dijo la representante en el estado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Alma Celia San Martín.

Indicó que eso sucedió con una joven que fue asesinada por su esposo en una comunidad de Minatitlán frente a su bebé de nueve meses.

“La falta de atención hacia las mujeres que van y buscan el apoyo, buscan denunciar a los esposos, a las parejas y bueno los mandan a conciliarse o simplemente no les aceptan (…) hay ordenes de protección que desafortunadamente las autoridades en este caso judiciales no les otorgan a las mujeres”, aseguró.

Señaló que las fiscales y otros funcionarios tienen capacitaciones pero pese a ello no hacen el trabajo que deberían.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia señala que las autoridades no deben sugerir la conciliación en los casos de violencia de género y por el contrario, en caso necesario deben brindar protección a las mujeres.

« Entradas Anteriores