Las otras víctimas de la violencia obstétrica

 

Xalapa, Ver.- (AVC/BRISA GÓMEZ)

La hija de “Margarita” pudo ser una más de los más de 300 menores de 18 años que viven con vih, sólo en Veracruz, precisamente porque el personal del hospital Regional de Poza Rica, no atendió el nacimiento mediante una cesárea, para evitar que se diera la transmisión.

En Veracruz la violencia contra personas con vih-sida es una cuestión estructural, sin embargo las mujeres la sufren aún más, cuando tienen que atender su salud sexual y reproductiva, pues son víctimas de discriminación en centros de salud como lo explica Patricia Ponce Jiménez, integrante del Grupo Multisectorial VIH.

“Siempre en los capasits hay mujeres embarazadas con vih, y en el corte del año pasado teníamos niños, que secretaría así los marca, de 2 y 18 años, casi 380 niños, adolescentes, preadolescentes, nacidos de, todos en tratamiento, pero aparte, niños en seguimiento de cero a dos años, teníamos 276.

Sin embargo a nivel nacional las cifras no coinciden, pues se registraron durante 2016 sólo 30 casos de menores viviendo con vih, esto lo explica Patricia Ponce diciendo que hay un subregistro, que a estas alturas se desconoce si es porque Veracruz no reporta o porque Censida no registra.

“Si tu revisas las cifras de Censida te dicen que en México nacieron 30 niños, o hay un subregistro o aquí no se está reportando, el caso es que somos el segundo estado que más niños aporta al registro -de menores viviendo- vih”.

A este subregistro de menores que nacen con vih y al elevado número de población que representan, se suman otras problemáticas, que evidencían que el estado está incumpliendo con sus obligaciones en la prevención, atención y erradicación del virus.

El desabasto es una constante en Veracruz, pues en al menos dos ocasiones ha faltado la fórmula láctea que se le debe entregar a las mujeres que tienen hijos o hijas de hasta dos años de edad, para evitar que amamanten y con ello transmitan el virus.

También se ha reportado el desabasto de condones masculinos y femeninos, que son fundamentales para prevenir la transmisión del vih o la reinfección entre pacientes.

Aunado a esto, la activista reportó que la Secretaría de Salud ha presentado denuncias por el robo de más de 200 dosis de fármacos antiretrovirales, ocurridos entre 2015 y 2016, de las cuales no se tienen reportes respecto de los avances que han tenido en manos de la Fiscalía General del Estado.

En México la Secretaría de Salud, a través del Censida, es quien distribuye los tratamientos antiretrovirales al sector salud en las entidades, para las y los pacientes que tenga registrados dentro de su sistema de información, estos fármacos son gratuitos, por lo que se entregan según las características de la cepa que presente cada persona.

Sin embargo parte de estas dosis fueron sustraídas de las farmacias y se teme que pudieran haber sido vendidas en el mercado negro, como explicó Patricia Ponce, quien además agregó que esta es una situación preocupante, pues al momento no hay sanciones para nadie, ni información de quién fue responsable del robo de las dosis, que además pusieron en riesgo el abasto de pacientes, quienes por ninguna razón deben interrumpir o retrasar su tratamiento.

De estos hechos tampoco hay una respuesta oficial de la Fiscalía General del Estado o de la Secretaría de Salud, cuyos titulares, Jorge Winckler e Irán Suárez, respectivamente, se han negado a dar entrevistas sobre el tema, pese a que se les han solicitado, incluso a través del coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Elias Assad.

A la violencia obstétrica que sufren las mujeres embarazadas con diagnóstico cero positivo, el subregistro -a nivel nacional- de menores viviendo con vih, al desabasto y el robo de fármacos antiretrotivirales del CAPASIT de Veracruz, se suma el hecho de que en la entidad, desde 2011 se incurrió en actos que podrían ser calificados como corrupción y omisión, pues se compró un lote de 70 mil pruebas rápidas de vih que resultaron ser defectuosas, carentes de registro sanitario.

Este producto, denominado “kit de Detección de vih 1&2 vih test” fue fabricado por Hangzhou Clongene Biotech Co. Ltd, en China, pese a carecer de registro sanitario, según la Cofepris, fue comercializado en México por la empresa Comercio y Servicios Administrativos e Integrales del Golfo S.A. de C.V., que en internet aparece como una empresa dedicada a la venta de tecnología y no de insumos médicos.

Ponce Jiménez explicó que estas pruebas originalmente fueron compradas para el programa de salud materna, es decir para aplicársele a las mujeres embarazadas, exclusivamente, para detectar casos de vih y aplicar de manera oportuna los tratamientos antiretrovirales para evitar la transmisión vertical.

“Frente a nuestra insistencia de que en Veracruz estuviéramos ocupando los primeros lugares y no pudiéramos parar la transmisión vertical, se compró el lote y pedimos unas para poderlas testar, nos llamó la atención que al momento de testar con compañeros positivos no salían reactivos”, explicó Patricia Ponce Jiménez.

Esto prendió las alertas para el Grupo Multisectorial, quienes consideraron que esta era una situación que debía ser analizada nuevamente y se reportó a la Secretaría de Salud, en aquel entonces en manos de Pablo Anaya, sin embargo la respuesta oficial fue enviar las pruebas al Laboratorio Estatal de Salud, donde fueron validadas en contra de los reclamos de la organización.

Este laboratorio, a cargo de Aurora Parissi, dijo Ponce Jiménez, en varias ocasiones anteriores había validado pruebas que les daban resultados “dudosos”, lo que deja entrever que esta situación pudo empezar a presentarse desde mucho tiempo antes de la compra de este lote de pruebas

Por ello decidieron probarlas nuevamente en pacientes con vih, incluso mujeres embarazadas que en ese entonces ya llevaban tratamientos antiretrovirales y las pruebas  volvieron a dar negativo, por lo que reportaron esto a la Secretaría de Salud y el compromiso que hizo en aquel entonces el secretario de Salud, Pablo Anaya Rivera, fue que estas se embodegarían y no serían utilizadas.

Al Grupo Multisectorial se les mostraron estos kits de pruebas rápidas, dentro de bolsas negras, en una bodega de la Secretaría y se les aseguró que quedarían embodegadas y serían destruídas, mientras tanto se compró otro lote de pruebas que al testarlas funcionaban de manera correcta y continuó su distribución.

Seis años después, La Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) inició una investigación en Veracruz, la cual fue a consecuencia de una acusación del gobernador actual, Miguel Ángel Yunes Linares, respecto del uso de medicamentos oncológicos falsos.

Entre las cuestiones que encontró esta investigación estuvo el hecho del reporte de una compra en 2011 de 70 mil kits de pruebas rápidas de vih compradas por la Secretaría de Salud, las cuales carecían de registro sanitario.

De ese lote de 70 mil pruebas, sólo se encontraron poco más de 46 mil, es decir 23 mil no fueron encontradas y se tuvo registro de que fueron distribuidas en las once jurisdicciones sanitarias, a pesar de que no cumplían con el requisito del registro sanitario y que las propias organizaciones, como el Grupo Multisectorial, reportaron que estas daban resultados negativos falsos, por defectos de fabricación.

Esto lo dio a conocer Julio Sánchez y Tepoz, titular de la Cofepris en una conferencia de prensa que dio en la Ciudad de México, a menos de dos semanas de haber iniciado las investigaciones. En esta ocasión, además, se dio a conocer la declaratoria de una alerta sanitaria.

“La cofepris detectó que la secretaría de salud adquirió 70 mil pruebas rápidas de ese kit en 2011 y de acuerdo con la documentación revisada, esas pruebas fueron distribuidas a las once jurisdicciones sanitarias”.

Estos kits, de acuerdo con lo que dio a conocer la Cofepris fueron fabricados por Hangzhou Clongene Biotech Co. Ltd, China y comercializado en México por Comercio y Servicios Administrativos e Integrales del Golfo S.A. de C.V., cada paquete consiste en una prueba rápida para determinación de vih en sangre.

La acción que llevó a cabo la Cofepris ante esta situación, fue la de emitir una Alerta Sanitaria, para que se buscaran los 23 mil kits faltantes o en su caso a las personas a las que pudieran haber sido aplicadas.

Ante el desconocimiento del destino de esas 23 mil pruebas rápidas, el Grupo Multisectorial teme que estas hayan sido utilizadas en mujeres embarazadas y arrojando resultados falsos, por lo que sus hijos e hijas o sus parejas habrían recibido la transmisión de vih, explicó Patricia Ponce.

“Lo que quiere decir que estas 23 mil pruebas, si no se encuentran, es que se aplicaron, Cofepris dice que si se distribuyeron en las jurisdicciones sanitarias, si fueron aplicadas en embarazadas o en población abierta no lo sabemos”, expresó Patricia Ponce, quien agregó que “esto nos hace concluir, en primer lugar que aquellas mujeres que se les detectó vih y no se les dijo, es posible que sus hijos están muertos, porque el vih despedaza a un bebé en seis meses, si no llevó todo lo anterior”.

Dijo la también académica que al cuestionar, como grupo de Contraloría Social, a la Secretaría de Salud sobre las acciones implementadas ante la alerta sanitaria de la Cofepris, la respuesta oficial fue que no era necesario, pues de acuerdo con las cifras de la prevalencia de casos de vih en mujeres embarazadas, sólo se estaría hablando de la posible existencia de 12 mujeres con vih que pudieron ser testadas con estos kits y que la situación “no es grave”.

Sin embargo Ponce Jiménez explicó que esta es una situación más que grave, pues si son 12 mujeres, embarazadas, ya suman 24 personas, más las parejas con las que concibieron da un total de 36, más las parejas sexuales adicionales que hayan tenido tanto ellas como ellos, pudiendo dar una cifra que crezca de manera exponencial en los últimos tres años, que es en los que se teme hayan sido distribuidas esas pruebas.

Con esto, se han puesto en riesgo al menos 200 vidas, de acuerdo con el Grupo Multisectorial, quienes además recuerdan que por cada paciente de vih que se encuentra en tratamiento, existen cinco personas que desconocen tener el virus y continúan su transmisión a otras personas.

Al respecto de este tema, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, ha tocado este tema en un par de ocasiones, la primera para exonerar a su administración, diciendo que durante su gobierno,(que inició en diciembre de 2016), no se utilizaron medicamentos clonados -refiriéndose a los fármacos oncológicos que denunció fueron sustituidos por agua destilada en la administración de Duarte-, ni se aplicaron pruebas falsas de vih.

Al cuestionarle en esa ocasión sobre la búsqueda, vagamente dijo que “hemos detectado ocho o diez casos de personas a las que se aplicaron estas pruebas, dieron falsos negativos y eran personas que si eran portadoras de vih-sida”, sin embargo no habló más.

La segunda ocasión que tocó el tema simplemente lo evadió, en una conferencia de prensa, donde dijo que en su administración se están tomando medidas en materia de salud.

Una tercera ocasión en la que el mandatario habló vagamente sobre el tema, fue para decir que la Fiscalía General del Estado ya había mandado a llamar a personas a declarar sobre el tema de las pruebas defectuosas, sin embargo no hubo precisión en los datos de su parte y la Fiscalía no ha emitido información.

Al respecto, el secretario de Salud, a nivel nacional, José Narro Robles, fue cuestionado sobre este tema e insistió en que la alerta sanitaria no es solo para Veracruz, sino para el país, pues por la antigüedad que tiene este caso estas pruebas o las personas testadas con resultados negativos falsos, podrían haber viajado a otras partes de la república.

Por ello insistió, a dos meses de emitida la alerta sanitaria, en que estas acciones deben llevarse a cabo de manera inmediata y proceder en consecuencia, mediante la atención médica que se requiere.

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