Proponen crear registro deudores alimenticios en Veracruz

Por: Alba Valdez 

Cerca del 90 por ciento de las demandas de alimentos para menores, son tramitadas por parte de la madre, por ello y más razones, la diputada Maribel Ramírez Topete presentó la iniciativa de crear un Registro Estatal de Deudores Alimentarios. 

Esta iniciativa busca reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz; ya que, en su mayoría, son las madres quienes sufren de este tipo de violencia económica al divorciarse de su pareja. 

La violencia económica es “la acción u omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima”, esto de acuerdo con dicha Ley. 

De marzo del 2014 a julio del 2019, en el estado de Veracruz, había 72 mil 474 procesos legales ante el Poder Judicial por pensiones alimenticias que padres se habían negado a pagar (solicitud de información 01719319). 

Como antecedente, la diputada explicó en su iniciativa que, en el año 2011 se creó este registro en la Ciudad de México, esto sirvió para hacer presión y que se notificara como medida obligatoria cuando la persona quisiera volver a contraer matrimonio; así como también al Registro Público de la Propiedad en caso de continuar la demanda podría  servir para ser embargado con algún inmueble, y por último para condicionar el otorgamiento de algún crédito. 

Este mecanismo sirve como medida de presión social y civil para que los padres cumplan con sus obligaciones y que el Estado respalde a las mujeres. 

La iniciativa pretende que después de tres meses de adeudos, se inscriba a los deudores en este Registro, los datos que se harían públicos serían: nombre completo, CURP, nombre del acreedor alimentario, órgano jurisdiccional que ordenó el registro, datos del expediente o causa de la que deriva la inscripción, número de pagos incumplidos y el monto del adeudo. 

La diputada indicó que este Registro tendría que ser alimentado por la Secretaría de Gobierno  en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado, que son las instituciones que tienen la información correspondiente.


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