Por: Alba Valdez/ Testigo Púrpura

Organizaciones civiles a favor de las mujeres hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado de actuar con perspectiva de género en el caso de una mujer de Oluta, del municipio de Acayucan, que tuvo un aborto espontáneo y está siendo señalada de homicidio, violando sus derechos humanos. 

Este documento fue firmado por feministas y colectivas en el cual señalan el mal proceder de la Fiscalía, así como también puntualizan que el Gobierno del Estado tiene dos años sin nombrar a una titular del Instituto Veracruzano de la Mujer, ocasionando una falta de apoyo a miles de mujeres en la entidad veracruzana; además de incumplir con las Alertas de Violencia de Género que pesan sobre Veracruz.

 “La Fiscalía General del Estado no puede eximirse que tiene de tratar los casos de violencia y aborto con apego a derechos humanos, respetando en todo momento la presunción de inocencia de las mujeres, evitando la revictimización y criminalización en casos relacionados. Es trabajo de la Fiscalía proceder conforme a derecho realizando las investigaciones correspondientes con total imparcialidad”.

En el documento señalan que la acción de la Fiscalía no solo demuestra la falta de sensibilidad y capacitación en el tratamiento de los casos que ameritan perspectiva de género, sino que significan una grave falta institucional al generar opinión tendenciosa estigmatizada a las mujeres que abortan, haciendo juicios previos, culpabilizándola de los hechos sin que haya concluido la investigación, con una intención misógina sin que haya concluido el proceso a sus garantías judiciales y sus derechos humanos fundamentales.

Cabe señalar que desde hace aproximadamente un mes, una mujer de Oluta permanece presa tras sufrir un aborto en un centro comercial, a la cual se le abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso; aunque familiares y amigos señalan, que esta situación se debió a la violencia domestica que ella sufría.

En el mismo escrito, se exhorta al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, y al secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, a cumplir con la Ley 613 y nombrar una titular del Instituto Veracruzano de la Mujer que, desde mayo del 2019 se encuentra acéfala.

Exponen que esta situación ha traído despidos injustificados de personal capacitado, usos inadecuados de recursos materiales de la instancia; aunado a ello, no se ha logrado reducir la incidencia de crímenes violentos contra la mujer en el Estado, y se carece de perspectiva de género en diversos casos, donde se implican análisis de las circunstancias del entorno adverso al que se enfrentan las mujeres, ejemplo claro, la prisión que sufre la mujer en el municipio de Oluta.

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