Por: Alba Valdez/ Testigo Púrpura 

La Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Veracruz  deben evitar criminalizar a  Diana Patricia, originaria de Oluta, al sur de la entidad, quien fue sometida a proceso con el cargo de homicidio, desde el pasado 29 de mayo tras sufrir un aborto espontaneo producto de un embarazo de alto riesgo.

A través de un comunicado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) manifestaron su preocupación por las irregularidades y falta de perspectiva de género en este caso.

“Vulneran gravemente los derechos humanos de la mujer, porque su privación de la libertad obedece a factores producto de una violencia sistemática que ponía en peligro su vida, su salud, su estado psicológico y mental, así como su dignidad y derecho a una vida libre de violencia”, indican.

Asimismo señalaron que su proceso penal es un hecho revictimizante para Diana Patricia, ya que persiste la  estigmatización que existe ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpen de forma legal o espontanea, lo que representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos, y falta de acceso a la justicia por las condiciones de precariedad económica y social en la que vivía.

“La CNDH y la CEDHV, en apego a las recomendaciones de la CEDAW, exhortan al estado a derogar las leyes que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios. Asimismo, se pronuncia por el derecho a decidir de las mujeres, a su autonomía reproductiva, a la no criminalización y al pleno respeto todos sus derechos humanos, así como a vivir libres de violencias y estigmas”,indican.

La CNDH señaló que el estado de Veracruz cuenta con una Alerta de Género por Agravio Comparado, por lo que piden que el Poder Judicial aplique los principios de interpretación conforme y pro persona en todos los casos relacionados con el delito de aborto que se encuentren bajo su conocimiento, además de garantizar que los expedientes y carpetas de investigación se indaguen y resuelvan con la debida diligencia, perspectiva de género y en un plazo razonable.

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