Marina protege a primer maestre acusado de violencia física

Por: Alba Valdez

“Me mataron en vida”, dice Amanda al conocer la respuesta de la Secretaría de Marina respecto a la queja que presentó en contra del primer maestre Armando Enrique “N”, por violencia familiar e intento de feminicidio, así como la negación de servicios de salud que recibían ella y su hija en el organismo militar.

El pasado 11 de mayo Amanda, mandó una carta en la que explicó las violencias constantes que ha vivido por el miembro activo de la Marina, con base en el Batallón 33 en Tabasco, así como pruebas de las denuncias penales y civiles en su contra, sin embargo, la Secretaría de Marina le respondió que a dicho organismo no le corresponde atenderle.

Esto a pesar de que las solicitudes eran para que la Marina interviniera en la otorgación del seguro militar que Armando Enrique se niega a darles bajo amenazas y el robo de las identificaciones que les solicitan para poder atenderlas, a ella y a su hija, en un tratamiento contra el VIH.

“Me dijeron que no le corresponde a ellos investigar eso, que básicamente él es un buen elemento y lo que haga fuera de su servicio no les corresponde, pero él me ha amenazado con armas de uso exclusivo del Ejército, me intentó matar, me quitó las credenciales del seguro y ahora no recibo los medicamentos contra el VIH. Mi hija también no ha podido seguir su tratamiento”, dijo.

Las peticiones de Amanda también eran encaminadas a que se le moviera de batallón, pues para ella representa un peligro que se encuentre en la misma zona militar donde ella vive.

Amanda y Armando  Enrique “N” iniciaron su proceso de divorcio desde hace un par de años, desde entonces las violencias físicas, psicológicas y económicas se han incrementado en contra de ella.

El pasado 1 de mayo, Amanda fue atacada a golpes y amenazada en el Puerto de Veracruz por Armando Enrique, inclusive fue sacada del departamento que vivía ella y la hija de ambos.

Y aunque Amanda acudió a la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres no ha habido avance en el tema, ya que Armando Enrique trabaja en otro estado de la república.

“Ahora sus amenazas es que me va a quitar a la niña, que va a ir por ella a la escuela y que me la quita. Yo ya no sé qué hacer, he recorrido instancias, hasta con presidencia y nada”, añadió.

Lo que sí añade la respuesta que le da la Secretaría de Marina es que el documento es reservado y que no puede hacerse público, haciendo referencia a consecuencias inclusive penales con leyes y artículos que nada tienen que ver. 

Los artículos citados de la Ley General de Transparencia se refieren a sanciones de los sujetos que tienen obligados (la Marina) en caso de que modifique información y a facultades de Instituto Nacional de Transparencia, es decir, no están relacionados con las peticiones de Amanda ni tiene relación alguna el señalarle que sería “reservado”. 

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