//Por: Ana Alicia Osorio//

El Gobierno Federal ordenó reabrir las investigaciones en el caso de Ernestina Ascencio, luego de que respaldara en instancias internacionales la versión de “gastritis y anemia” que dio Felipe Calderón en 2007. 

Aunque el Gobierno de México se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con esa versión, ahora el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se retractó y dijo desconocer la versión que se dio en voz de un representante del gobierno federal y dos del gobierno de Veracruz. 

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación”, aseguró en la Mañanera. 

Ernestina Ascencio era una mujer indígena de 73 años que fue agredida sexualmente por soldados en Soledad de Atzompa (zona serrana de Veracruz) y falleció resultado de las heridas que le hicieron. 

A pesar de las pruebas, el entonces presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa dijo que se trataba de una muerte natural por gastritis. Desde entonces las investigaciones se cerraron señalando eso y la familia fue aislada en Ciudad de México para que no impugnara la resolución judicial. 

Algunas asociaciones civiles continuaron el caso y lo llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde recientemente se llevó a cabo una audiencia para presentar sus argumentos tanto de las organizaciones como del Gobierno de México (en voz de Cristopher Ballinas como representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Hernán Cortés como fiscal de Veracruz y Daniel Pereyra del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información).

La versión del Gobierno mexicano en la audiencia fue criticada por las organizaciones promoventes quienes esperaban que se admitieran los errores, pero se respaldó las actuaciones de los gobiernos anteriores. 

“Esta posición es inaceptable del Gobierno de México por lo cual queremos señalar que la reunión de trabajo sostenida en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana no representa la posición del Estado Mexicano”, sentenció Encinas. 

Sin embargo, ante la CIDH únicamente puede recibir información del “Estado Mexicano” es decir de todos los organismos y gobiernos tanto federales como locales en conjunto, por lo que no puede acudir funcionariado a título personal. 

Como resultado de la audiencia, las comisionadas presentaron múltiples dudas por lo que el 3 de enero el Gobierno de México deberá entregar un informe respondiendo las inconsistencias del caso (como haber desechado las pruebas de violación). 

Encinas dijo que en ese informe se involucrará la Secretaría de Gobernación, sin informar quien estuvo a cargo de la versión que se proporcionó en la audiencia.