//Por: Sara Lovera- SemMéxico//

La encontraron moribunda entre los zacatales, tendida, tenía 73 años, era nahua, vivía en Tetlatzinga, Veracruz donde nació. Experimentó una violación tumultuaria a manos de un grupo de soldados el 25 de febrero de 2007. Murió la madrugada del día siguiente. Ernestina Ascencio Rosario, sus familiares y su pueblo siguen esperando justicia.

Fue un crimen de estado. En 2012, luego de haberse agotado todos los recursos para la justicia en México, se hizo una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y 9 años después habrá una audiencia pública el jueves 4 de diciembre.

Las organizaciones peticionarias explicaron que esa audiencia es fundamental porque la CIDH irá al fondo de la investigación, una cuestión de la mayor importancia; la audiencia será a distancia, estarán ahí representantes del funcionariado, de las organizaciones peticionaras e integrantes de esa comisión de la Organización de Estados Americanos, es el camino para determinar la responsabilidad del Estado Mexicano por impericia, impunidad y encubrimiento.

La CIDH tardó en el examen de la petición, para llegar a este punto, 5 años. La justicia en México no ha hecho nada, ya pasaron 13 años desde aquel 25 de febrero de 2007.

A las dos semanas del crimen se cerró el caso, y, desde el crimen al día de hoy, está incompleto el expediente de las periciales porque fueron borrados los nombres de los responsables de la investigación, el desistimiento y la decisión política de encubrir a los ejecutores de la violación y asesinato.

Las defensoras de Ernestina Ascencio Rosario (EAR) informaron del largo proceso de trámites que hubo de hacer ante la CIDH, y hoy, por fin, se abre una rendija para  juzgar al Estado Mexicano.

La causa penal se archivó por decisión del gobierno de Veracruz con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las periciales, hasta ahora son conocidas parcialmente, años después, gracias a la intervención de la Suprema Corte de Justicia.

Se ha sostenido que se trató de un encubrimiento para dejar impolutos a integrantes del ejército y al ejército mismo. El 9 de marzo de 2007, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, sentenció que EAR “murió de gastritis”.

La petición a la CIDH data de 2012.  En 2014 se retomó el análisis del asunto, y finalmente en 2017 lo admitió a examen, gracias a quienes insistieron, tras ires y venires para que se haga justicia.

Aquel día, a 100 metros de su casa, EAR se hallaba pastoreando ovejas, a 300 metros se había instalado el campamento militar perteneciente al 63 batallón de Infantería zona militar de “El Lencero”. Por el ataque sexual a las 6:30 horas del día siguiente murió.

La CIDH llegó al punto de hacer una audiencia pública, hecho posible, por la tenacidad, de las organizaciones demandantes, con la anuencia de algunos familiares, sus hijas desistieron, estas son: Abogados y Abogadas para la Justicia y los Derechos Humanos, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, AC, la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) y la casa Kalli Luz Marina.

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