//Por: Alba Valdez, Ana Alicia Osorio//

“Fue duro saber que pude haber estado muerta en otro país, de no haber llegado a casa a estar en un lugar seguro”, es como Georgina recuerda el intento de feminicidio que vivió en Cuba, en enero de este año, a manos de quien decía amarla.

A miles de kilómetros de su país natal se encontraba el día en el que su esposo intentó matarla. Ese día lo único que tenía cercano a su terruño era su pasaporte, las ganas inmensas de regresar ante la falta de justicia con las autoridades de ese país y el nulo apoyo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Migración o cualquier otro organismo mexicano.

A pesar de haber sido la víctima, Georgina, fue sacada del país caribeño como si fuera una delincuente, subieron sus pertenencias a un avión y le dieron un documento a migración en el que era acusada de no contar con los recursos suficientes para poder vivir en Cuba y apenas le dieron una copia de la denuncia que había presentado, la cual no prosiguió y su agresor solo pasó 24 horas detenido.

Cuando Georgina regresó a México solicitó ayuda a las autoridades mexicanas, sin embargo le respondieron que estaba fuera de su jurisdicción, que lo olvidara y continuara con su vida en su país. 

No le dieron ninguna ayuda, a pesar de que el país cuenta con el Protocolo de Atención Consular para Personas Víctimas de Violencia Basada en el Género, publicado en el 2018.

Dicho protocolo es una herramienta desarrollada con perspectiva de género y derechos humanos que fue elaborada por ONU Mujeres y la SRE como parte de las recomendaciones hechas por la CEDAW a México para garantizar la atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia de género en el extranjero.

El objetivo de este Protocolo es proporcionar al personal consular una herramienta que les auxilie en la tarea de garantizar una atención integral a mujeres y niñas mexicanas que viven en el extranjero víctimas de violencia de género. 

Implica un nuevo modelo de atención que busca brindar atención especializada al identificar necesidades específicas de la población que atienden. De igual manera, pretende servir como instrumento útil de detección de posibles violencias que enfrentan las mujeres y niñas migrantes que residen en el extranjero y como un documento de orientación en política preventiva.

Sin embargo, los cuestionarios, el apoyo legal, psicológico, las visitas o el monitoreo que forma parte de las herramientas de este protocolo quedó en la utopía para Georgina, pues la SRE se limitó comentarle que lo único que le recomendaban era olvidar el caso y seguir con su vida.

“Me sentía yo la procesada, en lugar de yo sentirme como la víctima recuerdo que llegó un agente de migración y no hubo ayuda tampoco de su parte; y yo volví a llamar a la Embajada en México y volví a pedir ayuda, me decían pues qué quieres que hagamos ya te dije lo que tienes que hacer es seguir ahí con esa denuncia y pues irte a México. A él lo metieron preso dos días, me carearon con él, cuando yo fui a sacar mis cosas a la casa, pues él estaba en la casa donde él y yo vivíamos, le dijeron hay que sacar a todas mis cosas y  mirar que yo no me llevara nada de él”, cuenta Georgina.

El paraíso prometido

En Cuba el delito de feminicidio no está tipificado en su Ley, los asesinatos de mujeres por razones de género allá son considerados homicidios. Dentro del imaginario político y social de aquel lugar se sigue considerando que los problemas de pareja son problemas de pareja, en el que las leyes no tienen mucho que hacer. 

A este contexto se enfrentó Georgina cuando decidió acudir a las autoridades cubanas a pedir justicia, en el lugar fue revictimizada y discriminada por ser mexicana, su agresor solo pasó 24 horas detenido y no hubo ninguna sanción a pesar de que ella presentó pruebas de la agresión que vivió.

El calvario de la justicia

De 2012 a 2018, en México apenas hubo 739 condenas por feminicidios y 105 absoluciones de 3 mil 56 asesinatos de mujeres por razones de género, esto de acuerdo con el reportaje “Feminicidas libres”, escrito por Valeria Duran.

Esta cifra de condenas se traduce a la impunidad con la que viven las familias mexicanas que perdieron a una integrante de su familia, se traduce a las miles de trabas que viven las mujeres a diario cuando intentan denunciar la violencia y a lo desprotegida que están en México y peor aun cuando su agresión fue fuera del país.

En julio de 2019 la dirección de  Atención a Migrantes de Gobierno del Estado apoyó a la repatriación del cuerpo de una veracruzana que fue víctima de feminicidio en El Salvador.

La mujer se había casado con un hombre de aquel país quien luego de un sinnúmero de agresiones la asesinó, también intentó matar a la hija menor de ésta, dejándola  en terapia intensiva. Hasta el momento las autoridades migratorias no tienen un registro de cuántas mujeres mexicanas han apoyado o cuántas han sido asesinadas fuera del territorio nacional.

Todo esto pesar de que en el 2018 se anunció con bombo y platillo que con la implementación del Protocolo de Atención Consular para Personas Víctimas de Violencia Basada en el Género, México estaría a la vanguardia de otros países europeos y que incluso podría servir como ejemplo para otros más de Latinoamérica cumpliendo con una de las recomendaciones de la CEDAW en el tema de la lucha contra la violencia de Género.

Actualmente Georgina se encuentra siendo apoyada por una organización de mujeres en Cuba que promueve la no violencia de género, ella, a pesar de las miles de trabas y los kilómetros siguen buscando justicia.

“Saber que un segundo marca la diferencia de estar con vida o está muerta. Busqué una institución en Cuba que ayuda a las mujeres y ellos me están ayudando, ahorita estamos en la lucha con eso viendo que de alguna manera se haga justicia, pero que también se conozca el caso y que no le pase a ninguna mujer más, que sepan que tienen derechos y que no se quede así, sino buscando justicia de alguna manera”, agrega.