Los servicios de salud de Veracruz se negaban a realizar la interrupción legal del embarazo a una niña de 11 años en el norte del estado, por lo que tuvo que recurrir al apoyo de asociaciones civiles para poder realizarla.

El caso fue acompañado por la Asociación Civil Equifonía, quienes tuvieron que apoyar a la niña para que los derechos fueran respetados. 

La solicitud de interrupción del embarazo inició en la Fiscalía General del Estado (porque la menor y su familia acudieron a ese espacio) quien le pidió a la Secretaría de Salud que realizara el procedimiento médico, pero esta institución se negó al argumentar que la prioridad de atención era a la pandemia de coronavirus. 

Ante la negativa, la FGE señaló que era necesario que alguna institución realizara este procedimiento y finalmente se llevó a cabo en el IMSS. 

El Código Penal de Veracruz contempla que las mujeres (y niñas) pueden interrumpir el embarazo en los primeros 90 días de gestación en caso de violación y aunque se encontraba dentro de la causal legal, la niña tuvo dificultades para acceder a sus derechos. 

“Con la pandemia suspendieron el servicio para interrumpir legalmente embarazos en Veracruz. Estamos acompañando el caso de una niña de 11 años, víctima de pederastia. No le quieren brindar la atención”, cita Fondo Semillas a una integrante de Equifonía y añade que gracia a su trabajo el caso fue resuelto. 

Esta situación se presentó a finales del mes de marzo, cuando la pandemia por coronavirus comenzaba en la entidad veracruzana. 

El 11 de abril la Secretaría de Salud emitió los lineamientos para que todas las dependencias públicas garanticen los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto y la entrega de métodos anticonceptivos, por lo que no deberían volver a generar negativas como la que enfrentó la niña de 11 años. 

“El acceso a la atención integral del aborto seguro en los casos previstos por la ley: Además de las entidades en que la interrupción del embarazo se ha despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, se debe garantizar el cumplimiento de la NOM-046-SSA2-2005, entendiendo la interrupción del embarazo producto de una violación sexual como una urgencia médica”, señala la Secretaría de Salud Federal.