ANA ALICIA OSORIO

Claudia Suárez fue asesinada con una navaja por su exnovio a tan solo unas cuadras de su casa. Su familia aún busca a su asesino.

Su asesinato dista del de Mara Castilla en lugar, día y persona que lo hizo pero tiene mucho en común: ambos fueron feminicidios efectuados por hombres, en ambos la respuesta de las autoridades demoró y ambos fueron en espacios que pudieran considerarse seguros pero no lo fueron.

Mara, una joven xalapeña que estudiaba en Puebla, fue asesinada por un conductor de un servicio de “taxi seguro”  (Cabify). La repercusión que tuvo en medios de comunicación y redes sociales llevó a las autoridades a acelerar la actuación en el caso para localizar su cuerpo.

Claudia salió a platicar con su exnovio, Luis, y caminó unas calles cerca de ahí. Sus vecinos los vieron discutir pero no prestaron atención. Unas horas después los mismos vecinos la encontraron en un charco de sangre.

A pesar de los testimonios, en su caso no han detenido a quien vieron agrediéndola; e inclusive a su mamá, Claudia, la Fiscalía General del Estado no la ha dejado ver la carpeta de investigación.

Sus casos no son únicos. Durante este año, tan solo en Veracruz, el Proyecto “Asesinatos de Mujeres y Niñas por razón de género. Feminicidios en la entidad Veracruzana” de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana ha registrado 169 homicidios de mujeres hasta el mes de agosto, de los cuales 118 pueden ser considerados como feminicidios. A nivel nacional no hay un conteo que señale cuantas mujeres han sido asesinadas.

Los casos de homicidios de mujeres y feminicidios se ven plasmados de una constante impunidad, ya que sólo el 40 por ciento de los casos de homicidios dolosos contra mujeres entre el año 2000 y 2015 fueron presentados ante un juez.

Lo anterior, según el informe del Grupo de Trabajo presentado el año pasado en la Solicitud de Declaratoria de Alerta de Género, donde se señala que de los 1109 averiguaciones previas más de la mitad fueron declaradas en reserva, incompetencia, no ejercicio de la acción penal o en trámites.

Claudia Correa, la mamá de Claudia, solo espera que el asesinato de su hija no se una a los expedientes de impunidad, por lo que exige a los funcionarios que hagan su trabajo.

Aún con la impunidad tras la desaparición y asesinato de Mara Castilla, la Fiscalía General del Estado colocó en sus redes sociales algunas recomendaciones para las personas que vayan a abordar un taxi como verificar número o ir acompañada si se toman algunas copas.

“En lugar de que realmente hagan su trabajo, se pongan así, me ofende que crean que me debo de cuidar para no ser levanta un día”, sentenció Adriana Osorio ante esa campaña.

“¿O sea soy yo la que debe tener miedo de andar en la calle y no el puto delincuente de que si me hace algo se lo carga la chingada?. Digo, yo hago eso siempre e incluso me lo recomendó un señor taxista pero por qué debo ser yo quien tenga miedo”, aseveró Arlet Guerrero.

Las desapariciones también continúan

A casi una semana de la desaparición de Luisa María Pichardo no se ha activado la Alerta Ámber que debería ser implementada en las primeras horas.

Cuando su mamá, Leticia Zavaleta Páez, intentó solicitarle a la Fiscal que lleva su caso un oficio para llevar a la central camionera y que ayudaran a buscarla, la funcionaria se negó.

“La Fiscalía por lo que yo noto va exageradamente lenta, la Fiscal la verdad ha sido un poquito grosera (…) le dije oiga como ve si le podemos llevar al ADO porque tiene cámaras y ella dice ‘yo no voy a poder estar dando diestra y siniestra copias porque usted me lo pide’”, señaló.

La Alerta Ámber, ese mecanismo de búsqueda inmediata que le fue negado con el pretexto de que estaba en análisis, se basa en acudir a lugares como las centrales camioneras, hospitales y otros puntos en las primeras 48 horas. Sin embargo, el caso se ha quedado en “prealerta”.

En el estado de Veracruz no se ha contabilizado la cantidad de mujeres que permanecen desaparecidas ya que las bases de datos no son actualizadas por parte de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el último reporte que existe en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (que a pesar de lo que marcan las leyes, no incluye ningún caso de este año) en la entidad había 166 mujeres cuyas familias no podían localizar, de los que se desconoce en cuantos casos los funcionarios no activaron todas las alertas, mecanismos y recursos a su alcance para encontrarlas.

Mientras, Leticia y toda su familia, exigen a las autoridades que den celeridad al caso para encontrar con vida a la joven de 15 años.