Condenadas por delitos que no cometieron

ANA ALICIA OSORIO

Durante ocho años estuvo Ángeles en una cárcel. Durante ocho años no pudo dormir en su cama, probar su comida favorita, ni salir con sus amigos. Durante ocho años tuvo que pagar abogados. Durante ocho años ella y su familia pidieron prestado para defenderla de un delito que no cometió.

El “delito” de Ángeles fue no darse cuenta que estaba embarazada, un embarazo que ni quiso ni buscó, cuando un hombre desconocido la violó.

El “delito” de Ángeles fue no conocer los síntomas del embarazo, sufrir una emergencia obstétrica y tener un parto sin atención médica.

Solo eso bastó para que la entonces Procuraduría General del Justicia (ahora Fiscalía General del Estado) y el Poder Judicial  culparan a Ángeles de homicidio agravado.

Según la Asociación Civil Equifonía, como Ángeles podría haber muchos más casos: mujeres criminalizadas por abortos espontáneos o partos sin atención médica, ambas emergencias obstétricas.

Tan solo en el mes de julio, Reyna Panzo, una mujer indígena de Zongolica obtuvo una preliberación tras 11 años detenida por un aborto espontáneo, tras un proceso en el que ni siquiera pudo de declarar en su idioma o con un traductor certificado ya que no hablaba el español.

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Ángeles -de quien no se brindan apellidos para proteger su identidad- es originaria de comunidad de Papantla de donde ella y su familia tuvieron que migrar debido a la falta de dinero y de oportunidades.

Su sueño siempre ha sido ser maestra pero solo pudo estudiar la primaria y hacer un examen para acreditar la secundaria, pues tenía que dedicarse a cuidar de sus tres hermanos mientras sus papás trabajaban.

Un día, hace nueve años, fue con su familia a esa localidad de Papantla para disfrutar de una fiesta. Allí comenzaron los problemas que aún vive desde sus 19 años. Un hombre la violó y quedó embarazada sin que supiera.

Nunca puso una denuncia pues las amenazas de ese hombre contra ella y su familia pesaron más. Nadie le había dicho sus derechos, ni que podía acudir a una clínica por la pastilla “del día siguiente”; nadie, tampoco, le dijo que en caso de quedar embarazada podía interrumpir su embarazo.

Cuando la emergencia llegó, expulsó al producto sin ninguna atención. Ella no sabía lo que pasaba, ni siquiera sabía que estaba embarazada.

Pero la Fiscalía creyó que era suficiente para meterla presa al penal de Papantla y culparla de homicidio. El juez creyó que ameritaba darle una pena de 25 años de prisión y una multa superior a los 36 mil pesos.

“Lo que podíamos encontrar del expediente es que había dudas de si el producto había nacido vivo (…) Lo que había juzgado era que Ángeles no supiera como había llevado el embarazo y que por ser mujer tenía que saber como era el embarazo y por ser mujer tenía que saber prácticamente lo que eran los dolores de un parto”, señaló Adriana Fuentes, abogada del Colectivo Equifonía.

El abogado que los papás de Ángeles pagaban apeló la sentencia y los jueces la redujeron a 10 años, pero la multa de 36 mil pesos continuó.

Cuando las integrantes de Equifonía conocieron el caso, Ángeles ya había estado más de seis años en la cárcel. Entonces tramitaron un amparo por las múltiples irregularidades que vieron en el expediente, como unas pruebas que nunca terminaron de hacer para comprobar que el producto había respirado antes de morir.

El proceso del amparo fue “rápido” pues tan solo en un año la justicia federal determinó que no había ninguna razón por la que Ángeles debiera estar presa. Ella tenía que ser libre y no pagar ninguna multa.

A mediados del año pasado volvió a su casa.

Los ocho años en prisión no fueron lo único que perdió. La “condena” no paró ahí.

Adentro de la cárcel tuvo un hijo a quien no veía. Sus hermanos no pudieron estudiar la universidad porque todo el dinero se fue en los primeros abogados que pagaron – después tuvieron que volver al abogado de oficio-.

“Todo lo que a ella le pasó repercutió en ellos (…) su familia está cargando una deuda de casi nueve años”, indicó la abogada de Equifonía quien explicó que la familia invirtió todos sus ahorros y tuvieron que pedir a familiares, amigos y muchas otras personas para los gastos de abogados,  viajes para visitas y todo lo que se debe pagar al interior del reclusorio.

El proceso deberá continuar, dijo Fuentes, pues buscarán recursos legales para que el Gobierno reconozca su error y resarza el daño que le hizo a Ángeles.

El colectivo Equifonía pidió se declare la Alerta de Género por Agravio Comparado, un mecanismo a nivel federal, que sirve para que a las mujeres se le garanticen los derechos sexuales y reproductivos.

Debido a este mecanismo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, recomendó al Gobierno de Veracruz (en todas sus instancias) que revisen todos los casos en que las mujeres se encuentren presas acusadas de homicidio debido a un aborto espontáneo o un parto sin atención médica. Hasta el momento no han dado el informe de cuantas se encuentran en esta situación.

El Grupo de Información y Reproducción Elegida, en su informe Niñas y Mujeres Sin Justicia, advirtió que en algunos estados las mujeres que tienen un aborto son procesadas por el delito de “homicidio”, cuya pena es notablemente mayor, debido a una mala interpretación de las leyes.

Además de Ángeles y Reyna, en Veracruz se han documentado otros casos como el de Concepción Galván quien llegó a la Cruz Roja para ser atendida por un dolor en el vientre y no sólo no le dieron el apoyo sino que terminó por tener el producto en el baño y siendo criminalizada.

Diversas activistas han señalado que las autoridades violan la presunción de inocencia en este tipo de casos, criminalizando a las mujeres lo que provoca que difícilmente accedan a la justicia.

Tan solo el pasado 13 de agosto, la Fiscalía General del Estado difundió un comunicado sobre una mujer detenida en el cual brindan detalles que no proporcionan en otros casos, como la descripción de los hechos, la comunidad de la joven o la fecha de la siguiente audiencia.

Según el comunicado,la Fiscalía acusa a la joven de haber abortado con pastillas, pero el proceso es por “homicidio doloso” cometido contra el feto de seis meses.

“Me sorprende la nota de la Fiscalía  porque es un mensaje de no lo vamos a permitir (…) pero yo quisiera ver el contexto, me queda claro que hay algo más en el contexto de esa joven que tiene que ser valorado”, sentenció Fuentes.

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